El próximo jueves y viernes el presidente de Estados Unidos Barack Obama, llevará a cabo una visita oficial a nuestro país, para mantener un encuentro con su homólogo Enrique Peña Nieto.
El encuentro ya forma parte de una larga tradición en las relaciones entre ambos países, pues se recuerda su otro viaje a México, al iniciar la administración del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa.
Aunque los vínculos son cordiales, es ya palpable que el gobierno mexicano desea enfocarlas a niveles distintos a los que existían durante la administración calderonista.
A diferencia del Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI), ya no es tan abierto para una cooperación de par en par en materia de seguridad. El tricolor mantiene un enfoque más conservador y considera que Calderón se excedió en abrir las puestas del país a la cooperación, en materia de seguridad enmarcada en la Iniciativa Mérida.
No es que el gobierno no quiera la ayuda de los Estados Unidos para combatir a los cárteles de la droga, pero lo desea en otros términos. El gobierno norteamericano parece estar muy ansioso por conseguir una cooperación tan amplia y abierta como la que le ofrecía Calderón. Sin embargo, los tiempos en que eso ocurría no volverán.
Peña Nieto ha transmitido al gobierno estadounidense su deseo de cooperar, pero ha establecido claramente que el combate a las bandas criminales no será como era antes, es decir, no tendrá la prioridad del pasado o al menos no se le dará la estridencia que se estilaba.
De hecho, la idea de combatir y liquidar a los capos, exhibirlos con sus drogas y armas y mostrarlos sonrientes ante las cámaras para presumir las acciones gubernamentales, no le simpatiza a los nuevos encargados de la seguridad en México.
Para ellos, asesinar a los barones de la droga no representa ninguna ventaja, si lo único que hace es alborotar el avispero y desatar una ola de vendettas orientadas a reemplazar a los líderes encarcelados.
Los nuevos enfoques apuntan ya no a localizar y destruir plantíos, incautar grandes volúmenes de droga o asesinar a los jefes de los cárteles, sino más bien a atacar aquellos delitos y actividades criminales que más lastiman a la ciudadanía, como la extorsión, el secuestro y el asesinato.
La única buena noticia para los estadounidenses es que ya no se tropezarán con esa estructura atomizada que existía en la pasada administración, donde había que lidiar por separado con la Secretaría de la Defensa, Marina, Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República y coordinarlas. Si ni el propio Calderón lograba esa armonía, menos los vecinos del norte.
Ahora, la Secretaría de Gobernación es la coordinadora del gabinete de seguridad y como tal, la encargada de articular todos los esfuerzos para combatir en forma más efectiva la criminalidad.
Hace cuatro años -durante su visita anterior-, se decía que prácticamente la totalidad de las armas que usaban los cárteles de las drogas y se incautaban en México, procedían de Estados Unidos. Hoy en día las cosas parecen no haber cambiado nada.
EL CONTRABANDO DE ARMAS, TEMA FUNDAMENTAL
Colby Goodman, especialista en política pública internacional -en coautoría con el periodista Michel Marizco-, publicó un reciente informe según el cual el 80 por ciento de las armas confiscadas en los últimos 3 años por autoridades mexicanas fueron adquiridas en Estados Unidos.
Es decir, las cosas parecen no haber cambiado mucho. El tema de las armas será importante, porque es claro que si hubiera una mayor restricción en su venta en Estados Unidos, las bandas mexicanas tendrían más dificultades para abastecerse en otros mercados y probablemente habría menos niveles de violencia.
Ya en vísperas de la llegada de Obama, han comenzado las protestas contra la venta indiscriminada de armas en Estados Unidos que ha alimentado el poder de los cárteles en México.
Por ejemplo, el pasado lunes, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, la organización Amnistía Internacional (AI) y el Museo de Memoria y Tolerancia, convocaron a una manifestación, que incluyó el lanzamiento de un dirigible con una leyenda “Postea por la paz. #AdiosALasArmas”.
Los organizadores entregaron en la embajada de Estados Unidos, 25 mil firmas y AI otras 10 mil, sumadas a 50 mil presentadas anteriormente, en demanda de que se regule la venta indiscriminada de armas que alimentan a los cárteles mexicanos.
Javier Sicilia, que encabeza el Movimiento por la Paz, que agrupa a víctimas de la violencia, y Daniel Zapico, representante de AI en México, encabezaron la demostración.
Sin embargo, la visita de Obama y su encuentro con Peña permitirá abordar un abanico de temas de interés bilateral, como el de la migración.
Será interesante ver lo que traten ambos mandatarios al respecto, porque apenas hace unos 10 días, el llamado “Grupo de los Ocho” -formado por cuatro senadores estadounidenses de cada partido político-, presentó oficialmente una propuesta para una nueva legislación migratoria de Estados Unidos.
Obama expresó algunas reservas pero en general aplaudió el proyecto, y ahora se espera que el debate parlamentario y el posterior proceso legislativo que culminará con la aprobación, no rebase el verano próximo.
Jorge A. Bustamante, el experto mexicano en el tema, dice no estar en las filas de los optimistas, pero reconoce que la presentación de la propuesta legislativa es el paso necesario para una reforma migratoria en Estados Unidos.
Según Bustamante, la reforma migratoria es un acto del Congreso de Estados Unidos, que tendrá la última palabra en esta materia, por lo cual sería una “decisión unilateral sobre un fenómeno bilateral”.
El estudioso asegura que ese no es el camino más racional para resolver los problemas asociados a un fenómeno bilateral como lo es la migración de mexicanos a Estados Unidos, y señala que la ONU ha recomendado la vía de la negociación bilateral o multilateral para resolver los problemas asociados a las migraciones laborales en el mundo.
Agregó que el problema es que por muchos años el gobierno de México sostuvo esa tesis, hasta que llegó a la embajada en Washington el abogado Eduardo Medina Mora, quien declaró que el gobierno de Enrique Peña Nieto no intervendría en la cuestión migratoria, pues “esta es una materia de carácter interno de Estados Unidos”.
Tiene razón Bustamante cuando argumenta que si existen más de 20 millones de mexicanos que residen permanentemente en Estados Unidos como inmigrantes, “resulta inexplicable cómo nuestro embajador piensa conciliar su obligación legal de proteger a nuestros paisanos en Estados Unidos, con su declaración de que no intervendrá en la cuestión migratoria, pues ese es un asunto de carácter interno de Estados Unidos”.
Ojalá que durante su visita a México, Obama pueda sensibilizarse en torno a la problemática migratoria y escuchar la opinión de México, para que la nueva reforma migratoria incluya esta perspectiva y no sólo se enfoque en las necesidades estadounidenses. Si se logra este objetivo, habrá valido la pena que el presidente del país más poderoso del mundo se tome la molestia de cruzar la frontera para dialogar con el jefe del Ejecutivo mexicano.
GRANOS DE CAFÉ
…A pesar de la eficacia que ha mostrado el Pacto por México, para impulsar reformas consideradas estratégicas para el desarrollo del país como la educativa y la de Telecomunicaciones -que precisamente este martes fue aprobada por la Cámara de Senadores-, el destino de este instrumento político es tan incierto que por lo pronto 2 de los 3 partidos integrantes ya condicionaron su permanencia, al cumplimiento de varias de sus exigencias.
Así, el Partido Acción Nacional (PAN) condicionó su participación en el Pacto por México a que el gobierno se comprometa al “cumplimiento de la ley, la transparencia y la democracia”, en tanto el Partido de la Revolución Democrática (PRD) insistió en que se castigue a Rosario Robles, secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) por el caso Veracruz.
De cualquier forma, ambos partidos ya probaron que el “Pacto” es una herramienta útil de chantaje al gobierno del presidente Peña Nieto, luego de que la semana pasada se habían ausentado de este mecanismo de concertación y lograron que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, instalara una mesa de diálogo en la que PAN y PRD plantearon sus demandas, mismas que, al parecer, tuvieron una respuesta satisfactoria, porque ambos se mantuvieron como integrantes del acuerdo.
Lo grave es que hoy pretenden convertirlo en rehén para negociar con el gobierno federal y satisfacer sus propios intereses, aunque ello conlleve romper con la precaria unidad nacional en formación, luego de 12 años de grandes fracasos en la conducción de la República, precisamente como resultado de la incapacidad de los gobiernos panistas para alcanzar consensos con los principales partidos.
Debe quedar claro que los alcances del Pacto por México están apenas en su fase inicial y que el riesgo de no concretar los grandes cambios estructurales que urgen al país, es muy grande.
Por lo pronto, la reforma constitucional en telecomunicaciones habrá de ser aprobada por 17 de los 32 congresos locales del país, para que se pueda promulgar y entrar en vigor y con ello abrir más espacios a la comunicación entre mexicanos, al contar con una mayor oferta de servicios de telefonía, televisión, internet, etcétera.
En este sentido cabe resaltar las recientes declaraciones de Carlos Slim, respecto a que en los mercados donde operan sus empresas no hay monopolios, lo que en este caso resulta cierto, porque a pesar del amplio dominio que tiene en el mercado mexicano de telefonía, internet y comunicaciones, hace varios años dejó de andar solo, para competir con una gran variedad de empresas entre las que hoy los mexicanos podemos elegir mejor calidad y costo…Sus comentarios envíelos vía internet a la dirección gentesur@hotmail.com
