lunes, 16 de mayo de 2011

Otro frente de guerra en la frontera sur "contra el crimen organizado"




Gaspar Morquecho.
Los Estados Unidos tiene dos planes de guerra regional para América Latina y el Caribe: uno es el Plan Colombia y otro la Iniciativa Mérida. Para ello cuentan con bases militares en Hondura, Colombia, Paraguay y Perú y recientemente emplazó a sus marines en Haití y Costa Rica y Barack Obama - presidente yanqui -, visitó El Salvador para ofrecer su ayuda en el combate al narcotráfico (Marzo del 2011). "Antes de la visita de Obama a San Salvador, el presidente de Guatemala desveló el plan de la formación de una unidad especial de varios países de Centroamérica para luchar contra el poder de los narcos". (Hechos de Hoy, enero de 2011)
En 2010 se dieron los primeros indicios del interés yanqui de que el gobierno mexicano abriera otro frente de guerra en la frontera sur para articular su intervención regional en el Sureste mexicano, Guatemala, El Salvador y Honduras: "México y Guatemala no son capaces de controlar el narcotráfico y el contrabando en su frontera común, según un cable emitido el 25 de enero de 2010 por la embajada estadounidense en México. (La Jornada, 12 de diciembre de 2010, p. 10). La respuesta del gobierno de Guatemala no se hizo esperar y decretó el estado de sitio en el departamento de Alta Verapaz, "para combatir cárteles del narcotráfico que operan en la zona fronteriza con México y recuperar el control de la región, por donde pasa la droga a Estados Unidos." (La Jornada. 20 de diciembre de 2010, p. 17). En abril, el viceministro de Seguridad guatemalteco, Mario Castañeda informo que, "Integrantes y ex miembros de elite del ejército de Guatemala, conocidos como kaibiles, reciben 5 mil dólares mensuales por entrenar a integrantes del cártel de Los Zetas y también por participar en la distribución de drogas para la organización mexicana, informó, (La Jornada. 7 de abril de 2011, p. 9). Un día antes, el jefe del Comando Norte de Estados Unidos, almirante James Winnefeld, (…) advirtió que México pronto tendría que abrir en su frontera sur otro frente en su lucha contra el crimen organizado. (La Jornada. Miércoles 6 de abril de 2011, p. 3) El gobierno mexicano - como el guatemalteco -, respondió de inmediato, el comandante de la Séptima Región Militar, Salvador Cienfuegos anunció la creación de dos bases militares. Una en Jiquipilas y otra en Frontera Comalapa: "expresó (…) que la estrategia forma parte de una nueva etapa de combate al narcotráfico, que ha mostrado tener presencia y actividad en la zona, con todo lo que lleva aparejado."
La respuesta inmediata de los gobierno de México y Guatemala a las directivas yanquis es signo inequívoco de la pérdida de independencia y soberanía de éstos países, y de una vergonzante subordinación y obediencia a los Estado Unidos. La respuesta del comandante de la 7ª. Región militar en Chiapas, es una muestra de que el Estado Mayor de la mayoría de los ejércitos en América Latina y el Caribe está en el Pentágono.
Es evidente, también, que las condiciones para abrir un frente de guerra en la frontera sur están dadas. Y como dice el Comandante de la 7ª. Región militar, el crimen organizado "ha mostrado tener presencia y actividad en la zona, con todo lo que lleva aparejado." Es un secreto a voces que la inversión de las "empresas radicales" en Chiapas no es nada nuevo y que abarca del "blanqueo" en la banca y la especulación financiera a la compra de tierras en ambos lados de la frontera sur, en la adquisición de bienes inmuebles y la industria de la construcción; en la producción, distribución y venta de drogas; en el contrabando de armas, mercancías legales y en el tráfico de personas en las diversas regiones de la entidad, etc. Otro secreto a voces, son los diversos "corredores" y centros de producción que las "empresas radicales" han creado en la franja fronteriza, la Costa y Sierra, en los Valles Centrales, Selva y Altos de Chiapas y las cuencas del Lacantún y, Chixoy - Usumacinta. Son evidentes sus conexiones hacia Centro y Sudamérica. Es decir, las "empresas radicales" se han establecido en Chiapas desde hace décadas. Sin embargo, los mejores "mapas" de la presencia de las mismas en la región "con todo lo que lleva aparejado", los tiene la DEA y las fuerzas armadas de México… solo falta abrir fuego.
De concretarse la advertencia de Winnefeld, tendríamos otro teatro de guerra en Chiapas. Es muy probable que los municipios fronterizos sean los primeros afectados y los que abonen al número de víctimas mortales de la estúpida guerra de Felipe Calderón en el centro y norte de México. Es muy probable que la onda expansiva de esa guerra impacte en el conjunto de la sociedad afectando sus respectivos intereses, creando un temor sin precedentes en la población. Quizá, una de las ramas de la economía que resentirá de inmediato sus efectos, será la que está involucrada en la "industria" del turismo. En ese teatro de operaciones el EZLN podría ser un "objetivo colateral" y las tropas del Ejército Federal acantonadas en Chiapas podrían jugar un papel más activo que el de disuadir y neutralizar a los rebeldes.
El informe 2010 de Amnistía Internacional reporta 15 mil muertes violentas. Acusa a militares y policías de grave violación de derechos. Hubo homicidios, desaparición de personas y tortura. La impunidad es la norma y persisten deficiencias en el sistema judicial. Sin castigo, agresiones a mujeres, indígenas y periodistas. (La Jornada, 13 de mayo de 2011)
La guerra de Calderón sigue y Peña Nieto promete su continuidad. El 13 de mayo, en Nueva York, Enrique Peña Nieto, el candidato de Carlos Salinas y del demócrata conservador Henry Cuellar a la presidencia de México, "Rechazó tajantemente cualquier propuesta de llegar a un acuerdo de negociación con el crimen organizado, insistiendo en que la prioridad es imponer el estado de derecho y que la fuerza del Estado mexicano tiene que prevalecer para restablecer el clima de paz y tranquilidad que el país demanda. (Periódico La Jornada. 14 de mayo de 2011, p. 10)
La lucha contra la violencia, la impunidad, la injusticia, la explotación y el autoritarismo se está convirtiendo en la agenda de los movimientos ciudadanos en éste país y en el mundo.

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