miércoles, 19 de diciembre de 2012

CAFÉ PARA TODOS
· El nuevo plan anticrimen de Peña Nieto
· Un esquema que rectifica errores de Calderón
· Se revisará la polémica figura del "arraigo"
El presidente Enrique Peña Nieto no demoró mucho, dos semanas y media, para presentar su nuevo plan contra el crimen, que por supuesto, se orienta a rectificar los errores garrafales del esquema implantado por su antecesor Felipe Calderón, cuyo costo en vidas humanas fue demasiado alto.
El plan anticrimen anunciado por Peña Nieto este lunes, apunta en lo general a reducir la violencia y recuperar la paz, pero en particular, a disminuir los homicidios y secuestros en este país, bajo la tesis de que estos son los delitos que más lastiman a los ciudadanos.
Como se esperaba, la estrategia incluye, entre otras medidas, el arranque de la Gendarmería Nacional, que contará inicialmente con 10 mil elementos, la revisión de la figura del cuestionado «arraigo», al que organismos internacionales de derechos humanos califican como un "secuestro disfrazado" y el fortalecimiento de la Procuraduría General de la República.
Como se recordará, Peña Nieto prometió durante su campaña cambios en la estrategia contra la inseguridad, que ha dejado más de 83 mil muertos en seis años, según el último recuento del semanario Zeta, de Tijuana.
El presidente anunció seis líneas inmediatas de acción que abarcan el fortalecimiento de los derechos humanos, la creación de un fondo de prevención del delito, así como la evaluación permanente, con indicadores claros y transparentes de los cuerpos de seguridad.
Parece ser que las tesis del ex alcalde de Palermo, la capital de Sicilia, Leoluca Orlando, que tan buen resultado le dieron en su lucha contra los mafiosos, han calado en el equipo de asesores de Peña Nieto, pues su programa está permeado por lo que aquel ha llamado "la cultura de la legalidad".
Durante la II Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública 2012, Peña Nieto señaló que habrá un planeamiento con metas claras para trazar una ruta.
Se contempla asimismo la prevención, a fin de atender las causas del fenómeno delictivo, para alejar a la sociedad actual de la delincuencia.
El primer mandatario también anunció un presupuesto de 115.600 millones de pesos para 2013 para financiar la estrategia contra el crimen. Adicionalmente, solicitará al Congreso un fondo para las víctimas por 2 mil 500 millones de pesos, que servirán para mejorar el entorno urbano, trabajar con la sociedad y "construir una ciudadanía solidaria».
En materia de derechos humanos, se prevé un programa en la materia que incluya protocolos de actuación para los cuerpos de seguridad y una legislación en materia de atención a víctimas, reparación de daños y uso legítimo de la fuerza.
Otro aspecto del plan será la depuración y reestructuración del Instituto Nacional de Migrantes y la creación de una policía pública para «personas no localizadas», que es un eufemismo para designar a los desaparecidos.
La Procuraduría General de la República calcula que hay por lo menos 25 mil personas desaparecidas debido a la lucha contra el crimen, pero la cifra tuvo que divulgarla el diario estadounidense The Washington Post, porque el gobierno de Calderón nunca la reconoció. Tal parece que le daba vergüenza confesar que en su gestión se habían generado ocho veces más desaparecidos que en durante la "guerra sucia" del general chileno Augusto Pinochet y 16 veces más que durante la represión en México.
Como aspecto central de la nueva estrategia, el presidente pidió a los gobiernos de los estados una «responsabilidad compartida».
"Los gobiernos deben cumplir, no competir. Quiero y deseo que a todos los gobiernos locales les vaya bien, que tengan mejores resultados», afirmó.
Del mismo modo, anunció que el país se dividirá en cinco regiones para llevar a cabo un combate más efectivo contra los cárteles y dio a conocer que se reorganizará la Policía Federal.
«Existe una gran consenso nacional para construir un México más justo y más seguro», afirmó en presencia de gobernadores, miembros de su gabinete y dirigentes del Congreso, entre otros.
Por supuesto, Peña Nieto no pudo evitar cuestionar la estrategia militar de su predecesor Felipe Calderón para combatir el narcotráfico y prometió «un nuevo enfoque latinoamericano» para prevenir el delito y el crimen organizado.
El mandatario consideró que la estrategia del sexenio pasado no disminuyó el delito y en cambio, provocó la fragmentación de los gruposcriminales que «se volvieron más peligrosos».
Por ahora, el gobierno prevé mantener la presencia de los militares en las calles, pero esto sólo será mientras concluye el proceso de consolidación y reestructuración total de las policías estatales.
Por cierto que otra de las cosas que Calderón ocultó durante su gestión es que el año pasado redujo a la mitad la cifra de miembros del Ejército destinados al combate al crimen en México.
Según un informe de la Secretaría de la Defensa Nacional difundido el domingo, la cantidad de elementos castrenses destinados a la seguridad pública creció gradualmente hasta llegar a un pico de 96 mil en 2011, pero en 2012 como "por arte de magia" la cifra total bajó a 49 mil, sin que se diera ninguna explicación a nadie.
Calderón quizá comenzó a arrepentirse de haber expuesto a una de las más nobles instituciones al desprestigio. Ahora, el Ejército arrastra una mala reputación y es acusado de violaciones a los derechos humanos, lo que no hubiera ocurrido si el ex mandatario hubiera pensado un poco antes de tomar esa decisión.
El ex mandatario solía argumentar que era indispensable incluir a los militares en esta guerra para evitar que siguiera aumentando el poderío de los criminales, pero los expertos estimaron que lo hizo con el afán de ganar legitimidad, luego de que las acusaciones de fraude en las elecciones del 2006 por parte de la izquierda minaron su imagen.
En su último balance de rendición de cuentas, la Secretaría de la Defensa señaló que el despliegue de tropas para la lucha anticrimen fue casi constante, al pasar de 45 mil 085 efectivos en 2007, a 45 mil en 2008 y a 48 mil 750 en 2009.
Un año después, en 2010 aumentó a 70 mil 864, para llegar a 96 mil 261 en 2011, y reducirse a 49 mil 963 en 2012.
La Marina en tanto, indicó que tuvo un despliegue promedio de 6 mil 573 elementos durante todo el sexenio para apoyar la lucha antidrogas.
Como parte del diagnóstico del gobierno actual sobre el "tiradero" que dejó el anterior, el secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio, reconoció que existe un gran problema, pues la captura y muerte de líderes del narcotráfico y el crimen organizado provocó la fragmentación de esos grupos.
El resultado es que «hoy operan con una lógica distinta: pasamos de un esquema de liderazgos verticales a uno horizontal que los hace más violentos y mucho más peligrosos», dijo.
La prioridad que el actual gobierno le está dando al tema de la lucha anticrimen está más que justificada.
Apenas un informe dado a conocer ayer, indicaba que la violencia e inseguridad en México costó a las empresas mexicanas el equivalente a unos 115 mil millones de pesos sólo el año pasado.
De acuerdo con una encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), una de cada tres «unidades económicas» en el país fueron víctimas de un delito el año anterior.
Las compañías sufrieron pérdidas sobre todo por el gasto en medidas para prevenir la inseguridad, según la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas 2012.
De acuerdo con las conclusiones del estudio, cada una de las éstas destinaron en promedio unos 55 mil pesos para financiar dispositivos destinados a contrarrestar la delincuencia.
La corrupción es el principal acto que atenta contra la seguridad de las empresas, seguido del robo o asalto a mercancía, extorsión, robo hormiga y fraude, reveló el sondeo.
No resulta extraño por ello que el Partido Acción Nacional otorgara su más amplio respaldo a la nueva estrategia anticrimen lanzada por Peña Nieto.
GRANOS DE CAFÉ
Elba Ester Gordillo mantendrá incólume su imperio en el magisterio nacional a cambio, se dice, de no entorpecer la Reforma Educativa del presidente Enrique Peña Nieto.
La toma de nota que el magistrado Álvaro Castro Estrada le otorgó recientemente al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), de cuyo Consejo General es presidenta, le otorga el reconocimiento legal para cualquier negociación del sindicato magisterial con el gobierno. Así podrá disponer de los 170 millones de pesos mensuales de cuotas, mantener sus cerca de 70 posesiones sin ser investigado su origen, el control de su Partido Nueva Alianza con todo y prerrogativas, así como las canonjías que la han hecho una de las mujeres más poderosas de México.
Si se coloca en una balanza los deberes y los haberes, incuestionablemente la maestra volvió a ganar.
Pierde, si acaso, el control sobre las plazas magisteriales, pero, a estas alturas, literalmente no se le quita con ello ni el polvo, porque su poder real permanece intacto, con la ventaja de que si algo falla en la Reforma, tranquilamente se lavará las manos y hasta podrá nuevamente intervenir para corregir el rumbo y las fallas que limiten el ascenso del país a los estadios de desarrollo que sólo con educación de calidad sino es que de excelencia han llevado a naciones con atraso ancestral como Singapur, Tailandia e Indonesia a convertirse en verdaderas potencias no sólo económicas sino sociales y culturales.
Es muy pronto, sin embargo, para pronosticar el futuro de la educación en México. Lo único cierto es que, aún a costa de preservar a la mafia magisterial, el país ha retomado la esperanza de salir del bache educativo en que fue sumido hace dos sexenios, al recobrar el Estado y no el sindicato, el control de la política educativa.
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