jueves, 28 de junio de 2012

LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS UN LOGRO DE LA SOCIEDAD
* Wilfrido Hernández Jarquín, vocero de la CNPA-MN, advirtió que esta legislación debe estar acompañada con acciones de investigación y sancionar actos de hostigamiento.

(CODICS).- La Comisión Ejecutiva de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional, señaló que la recién promulgada Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas no es una concesión del Ejecutivo Federal y tampoco una acción gubernamental, es un logro de las organizaciones defensoras de derechos humanos y de las organizaciones de la sociedad civil.
Sin embargo, comentó Wilfrido Hernández Jarquín, miembro de la CNPA-MN, que si las medidas de protección no están complementadas con acciones encaminadas a prevenir, investigar y sancionar todo acto de hostigamiento que se perpetre en contra de los y las defensoras de derechos humanos y, los y las periodistas, la ley no habrá cumplido el objetivo para el que fue promulgada.
Sin duda alguna, las medidas de protección que contempla la ley, en la medida en que sea debidamente consensuadas con los interesados, constituirán una herramienta que podrá ayudar a inhibir agresiones, aseguró.
En su opinión la ley representa un paso positivo para que se eliminen los obstáculos estructurales, sin embargo, el problema no es la legislación pues de nada sirve la ley si no va acompañada de acciones que la hagan operativa y en ese sentido no solamente es importante definir un presupuesto y las medidas adyacentes anunciadas, sino la voluntad del Estado en cumplir con su obligación de respetar, proteger y promover los derechos humanos y el trabajo de los y las periodistas.
El vocero de la CNPA-MN explicó que los obstáculos estructurales tienen que ver más con la falta de diligencia de los sistemas de administración y procuración de justicia para investigar, procesar y sancionar muchos de los asesinatos y actos de hostigamiento que sufren los y las defensoras de derechos humanos y los y las periodistas en su quehacer diario.
Un ejemplo de ello, expuso Wilfrido Hernández Jarquín, es el asesinato de Digna Ochoa o bien el de la periodista de la revista proceso Regina Martínez que hasta la fecha las autoridades a cargo de las investigaciones no han logrado avanzar en el esclarecimiento de los homicidios, muchas de las investigaciones no siguen un protocolo que tome en cuenta la labor de las personas asesinadas, se desvían las investigaciones hacia cuestiones de índole personal, de esa forma despojan de contenido la labor de defensa de los derechos humanos y del periodismo por lo que evidentemente este tipo de falla estructural genera impunidad.
De ahí que en México, la violación sistemática de los derechos humanos por parte de autoridades u organismos de los diferentes niveles de gobierno en contra de la sociedad en general y en contra de las organizaciones y dirigentes sociales, así como de comunidades que defienden su territorio y derechos en particular, se haya vuelto una constante, destacó.
Debido a que, prosiguió, personas de diferentes organizaciones defensoras y promotoras de los derechos humanos, así como por organizaciones de la sociedad civil han denunciado graves violaciones a los derechos humanos perpetradas por organismos dependientes de los tres niveles de gobierno, dicha actividad ha sido criminalizada por parte de autoridades y por consiguiente las personas dedicadas a la labor de la defensoría de los derechos humanos han sido hostigados, asesinados y hasta desaparecidos.
Finalmente dijo que la labor de los y las periodistas en el marco del derecho a la libertad de expresión, se ha vuelto una actividad de alto riesgo pues en ocasiones incomodan a grupos de poder político y económico al informar a la sociedad de irregularidades que cometen autoridades de los tres niveles de gobierno o grupos de la delincuencia organizada. Al ser hostigados y asesinados, coartan también el derecho de la ciudadanía a la información y eso es demasiado grave y representa un retroceso democrático en nuestro país.

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