martes, 10 de enero de 2012

Trasladan a Estación Migratoria de Tapachula para
deportación a refugiados guatemaltecos

Gabriela Coutiño
Tuxtla Gutiérrez, Chis. 9 Enero.- Agentes del Instituto Nacional de Migración trasladó a la Estación Migratoria de Tapachula, a los guatemaltecos que desalojó del ejido Nuevo Progreso en el estado de Tabasco, los que se habían refugiado en el lugar en agosto pasado luego de que fueran expulsados por motivos ambientales de la finca Nueva Esperanza, en el Petén Guatemala.
Los guatemaltecos fueron son trasladados en autobuses bajo el resguardo de la Policía Federal, y de agentes del Instituto Nacional de Migración, dónde el cónsul de Guatemala en Tapachula los recibirá y constatará las condiciones en que se encuentran, señaló el INM.
En un comunicado de prensa, el INM dependiente de la Secretaría de Gobernación informó que este lunes llevó a cabo “un rescate humanitario” de 71 ciudadanos guatemaltecos que se encontraban asentados en una propiedad ejidal de Nuevo Progreso en el municipio de Tenosique Tabasco.
Los guatemaltecos, señaló la dependencia, vivían en condiciones insalubres, sin acceso a servicios básicos como agua, drenaje y luz; se encontraban en completo abandono y carentes de calidad migratoria vigente.
Luego del desalojo de las familias guatemaltecas organizaciones no gubernamentales que trabajan por los derechos de los migrantes emitieron una acción urgente para denunciar que las fuerzas federales desalojaron a los guatemaltecos a las cinco de la mañana, violando sus derechos humanos.
Las autoridades aseguraron las Ongs, arribaron en camionetas y patrullas al campamento y comenzaron a desmantelarlo con lujo de violencia. Al pedir explicaciones los habitantes del campamento comenzaron a ser detenidos.
Organismos como el Centro de Derechos Humanos Usumacinta, cuyo director es el Fray Tomás González Castillo, quién se encontraba asistiendo a los guatemaltecos demandó a las autoridades del Instituto Nacional de Migración abstenerse de repatriar a los guatemaltecos, ya que ellos se encuentran en un diálogo con el gobierno, y México incumple con un deber humanitario al aumentar la presión sobre este grupo ya de por sí violentado.

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