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Congreso de Chiapas defiende Reformas a la ley electoral impugnada por la SCJN

Gabriela Coutiño
Tuxtla Gutiérrez, Chis. 27 Dic.- El Congreso Local defendió las Reformas hechas al Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, que fue impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de Nación (SCJN), por la Procuraduría General de la República (PGR) por considerar que no son vinculatorias, sino por el contrario con ella se daría certeza a los electores.
Zoé Robledo Aburto, presidente de la Mesa Directiva aseguró que las reformas establecen que no sería obligatorio la aplicación de los exámenes de control de confianza, así como tampoco “en ningún momento se está violando los derechos políticos de ningún candidato”.
El legislador explicó que la ley establece que es opcional que los candidatos presenten estos exámenes de control y de confianza. “Creemos que es una medida simplemente para dar más certeza a los electores. El que no debe nada, no debe de temer nada”, subrayó.
Robledo Aburto afirmó que la motivación de la ley no pretende coartar los derechos políticos de los posibles candidatos, “porque si alguien no quiere, no significa que no podrá ser candidato, es más si alguien presenta los exámenes y no lo pasa, no significa que no puede ser candidato”.
Se trata, agregó, simplemente una muestra de buena voluntad y para generar más confianza a los ciudadanos.
El pasado lunes 26 de diciembre, la SCJN) admitió a trámite una acción de inconstitucionalidad presentada por la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de un artículo de la ley electoral de Chiapas que prevé la aplicación de exámenes de control de confianza a todos los candidatos de elección popular de dicha entidad.
El recurso promovido por la PGR impugna el párrafo tercero del artículo 7º del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, mismo que publicado en el Diario Oficial de esa entidad el 24 de noviembre del 2011, por considerar que impone un requisito contrario a la Constitución a quienes buscan un cargo de elección popular.
Los controles incluyen la aplicación de pruebas psicológicas, toxicológicas y poligráficas para medir la certeza, condiciones físicas, mentales y la idoneidad de cualquier aspirantes a un cargo de elección popular.