jueves, 29 de marzo de 2012




Consejo de DDHH emite recomendación para que Procuraduría juzgue a Pablo Salazar por homicidio doloso caso bebés de Comitan

Gabriela Coutiño
Tuxtla Gutiérrez, Chis. 28 Marzo.- El Consejo Estatal de Derechos Humanos emitió una recomendación a la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) para que determine la probable responsabilidad por el tipo penal de homicidio doloso (comisión por omisión), en contra del ex Gobernador Pablo Salazar Mendiguchía y el ex Secretario de Salud, Ángel René Estrada Arévalo por la muerte de 33 bebés de Comitán.
En conferencia de prensa el ombudsman Pedro Raúl López Hernández, perseguido durante el gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía, pero ahora consejero de Derechos Humanos informó que la procuraduría de justicia tiene un plazo de 15 días para aceptar la recomendación, de no hacerlo se solicitará al congreso local su intervención.
"Se exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Relacionados con Servidores Públicos de la PGJE a que inicie, integre y determine conforme a derecho corresponda la posible responsabilidad penal del ex mandatario estatal, por haber ordenado el no ejercicio de la acción penal y archivo definitivo de todas las indagatorias relacionadas con las muertes de los bebés", indicó el defensor.
El Consejo Estatal de Derechos Humanos pidió a la Procuraduría inicie, integre y determine las indagatorias que deberán radicarse con motivo del retraso en la procuración de justicia y vicios en las integraciones de las averiguaciones previas.
La recomendación propone que se tomen las medidas necesarias para indemnizar, reparar los daños y perjuicios ocasionados a las víctimas; además de analizar la posibilidad de ofrecer una disculpa pública por las violaciones a sus derechos humanos; así como proporcionarles atención médica y psicológica.
El ombudsman López Hernández dijo que la recomendación del Consejo de Derechos Humanos se da luego de que en los meses de junio y julio del 2011, padres de familia de los bebés fallecidos en el hospital general de Comitan a finales de diciembre de 2002 y enero de 2003, interpusieran un recurso de reconsideración ante la Procuraduría de Justicia del estado.
La Procuraduría de Justicia reabrió los expedientes archivados por la administración de Pablo Salazar, mientras que el Consejo de Derechos Humanos abrió una nueva investigación.

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