sábado, 10 de diciembre de 2011


Pronunciamiento del Foro Regional por la Defensa de los Derechos Humanos

Reunidos en el marco del día internacional de los derechos humanos, los días 8 y 9 de diciembre de 2011, para discutir las problemáticas y los desafíos para la vigencia de los derechos humanos en la región, las defensoras y defensores de derechos humanos de las organizaciones participantes hacemos el siguiente pronunciamiento.
Constatamos que la vida de las comunidades indígenas y campesinas presenta varias amenazas frente al deterioro y despojo de los territorios y sus recursos naturales, generando una mayor pobreza y rompimiento del tejido social que se traduce en una creciente emigración y descontento. A la vez, vemos como las políticas restrictivas de migración generan en nuestra frontera sur y hacia el norte del país, condiciones de graves violaciones a derechos fundamentales, atentando contra la vida, la integridad física y la libertad de personas transmigrantes por parte de agentes estatales o por grupos criminales solapados por los primeros. El descontento y la indignación han generado respuestas organizadas de protesta social que sin embargo son fuertemente reprimidas por las fuerzas de seguridad o por la vía judicial, particularmente en contra de defensoras y defensores de derechos humanos.
En cuanto a la defensa de los territorios de comunidades indígenas y campesinas y al derecho a la libre determinación:
Constatamos las amenazas que tanto el gobierno de Chiapas, el gobierno federal y empresas particulares, constituyen para la integridad de los territorios de pueblos indígenas y campesinos, y de sus formas de vida.
Expresamos nuestra preocupación por la latente reactivación de la mina en Chicomuselo, Chiapas cuya concesión se encuentra en manos de una empresa minera canadiense y que según rumores habría sido traspasada a una empresa de capital chino. La operación de esta mina ha afectado el medio ambiente de las comunidades aledañas y no ha respetado el derecho a la consulta de los pobladores, por lo que nos sumamos a las organizaciones locales que exigen la cancelación de los permisos de explotación.
Nos pronunciamos en contra de continuidad de la política de construcción de ciudades rurales porque afectan las formas tradicionales de producción y de formas de vida de la población local, además de no aportar al mejoramiento en el acceso a servicios como ha sido pretextado. Expresamos nuestra preocupación por que esta política de reubicación, sea una forma velada de desplazamiento forzado a favor de intereses económicos ajenos a las comunidades afectadas, como es el caso del anuncio de la construcción de la quinta presa sobre el Río Grijalva en el municipio de Copainalá y la construcción de una Ciudad Rural en el mismo municipio, o la Ciudad Rural en Ixhuatán en construcción donde se han denunciado presuntas prospecciones mineras. Exigimos sea atendida la recomendación del Relator Especial de Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación en su reciente visita a Chiapas para que dichas ciudades sean evaluadas desde parámetros de derechos humanos, incluidos los derechos económicos, sociales, culturales, y de Pueblos Indígenas.
Nos sumamos a la exigencia de tarifas justas de electricidad, dado que la política de cobro irracional e injustificado de la CFE , dañan enormemente la economía familiar de familias sumidas en la pobreza extrema y promueve la división y deterioro del tejido social. Mientras ella ocurra sostenemos que les sustenta el legítimo derecho a la resistencia civil y pacífica de comunidades campesinas, indígenas y urbanas, y las alentamos a fortalecer sus lazos solidarios.
Denunciamos el terrible deterioro ecológico de los Pantanos de Centla, hogar de nuestros hermanos mayas chontales cuyas tradiciones culturales ligadas a la madre tierra también se han visto afectadas por la explotación descuidada de PEMEX contaminándolos; la mala administración del manejo hidráulico del gobierno del Estado y CONAGUA, que han desviado el agua del municipio de Villahermosa hacia los Pantanos, obligando a los pobladores a permanecer inundados prácticamente de manera permanente por cinco años consecutivos.
Nos solidarizamos con la lucha de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT) en contra de las empresas eólicas de capital español, que bajo el pretexto de la energía verde y a través de supuestas empresas mexicanas, despojan a los campesinos zapotecos de sus tierras territorios; de igual modo nos solidarizamos con la lucha por la tierra ancestral de los hermanos zoques en la Región de los Chimalapas y hacemos votos por que las comunidades hoy enfrentadas por los gobierno de Chiapas y Oaxaca, encuentren los acuerdos de convivencia pacífica que han buscado.
Saludamos la batalla ganada por la comunidad indígena de Cherán al hacer valer sus derechos políticos como pueblo Indígena ante el sistema corrupto de partidos, hacemos votos por que su ejemplo sea seguido por muchos más. A la par repudiamos los asesinatos sistemáticos en contra de sus representantes comunitarios y la ineptitud de los gobiernos federal y de Michoacán para detener a los culpables y brindarles protección.
En cuanto a las problemáticas de migración:
Es indudable que la movilidad humana se presenta de manera forzada; ya que la pobreza y la marginación de las comunidades y países de origen hacen que las personas emprendan un viaje en el que gracias a la criminalización, la falta de protección y limitada atención integral a la población migrante, se ponen en riesgo derechos fundamentales como el de la vida y la libertad.
A unos meses de haberse aprobado la Ley de Migración y en medio del proceso para el diseño del reglamento a la misma, las organizaciones de la sociedad civil continúan exigiendo una participación en el diseño, implementación y monitoreo de políticas públicas, nos solidarizamos con las exigencias de desvincular el tema de seguridad nacional al tema migratorio ya que de esta manera se promueve la criminalización de la migración y de personas defensoras, y se alienta la impunidad y la discrecionalidad de las autoridades.
Las condiciones en las que se da la migración ponen en riesgo los derechos no sólo de quien migra, sino de mujeres, niñas, niños y adolescentes que se quedan en comunidades de origen a realizar actividades vulnerando otros derechos como los de la identidad, la autodeterminación, la salud, el trabajo en condiciones dignas, justas y equitativas, la educación, entre otros.
También son bien conocidos los riesgos a los que se enfrentan migrantes centroamericanos que en búsqueda de mejores oportunidades de vida, se enfrentan a actos como el secuestro y las desapariciones, en los cuales muchas veces existe connivencia entre distintas autoridades y el crimen organizado. Esto agudiza y promueve un ambiente de discriminación, incertidumbre y violencia sistematizada e institucional hacia las personas migrantes y hacia defensoras y defensores de derechos humanos.
Otras situaciones que no son ajenas para los gobiernos de Estados Unidos y México, es la falta de acceso a derechos fundamentales como a la salud, condiciones dignas, justas y equitativas de trabajo, vivienda, identidad, acceso a programas sociales, entre otros; debido en muchas ocasiones a la condición migratoria, la raza, la nacionalidad y/o el color de piel.
Finalmente se hace un llamado a los gobiernos de los países de origen, tránsito y destino para que se retome el tema migratorio desde una perspectiva de derechos humanos y desarrollo y se conciba como una responsabilidad compartida la cual debe ser abordada de manera interinstitucional, partiendo de los principios de universalidad e interdependencia de los derechos.
Relativo a la situación de jóvenes,
Reconocemos que es necesario empezar a construir relaciones de respeto con las y los jóvenes, donde se les reconozca como sujetos de derechos, individuos autónomos y con capacidad de decisión y autodeterminación sobre sus proyectos de vida.
Identificamos que, aun cuando hay condiciones estructurales, como la violencia intrafamiliar e institucional, que impiden las relaciones simétricas entre generaciones, es indispensable tender puentes que aminoren la brecha entre jóvenes y adultos. Canales de comunicación que permitan transmitir la cultura y los modos de vida que pueden garantizar la continuidad de nuestras comunidades y la construcción de lazos solidarios entre generaciones.
Por otro lado, hacemos un llamado a la necesidad de incorporar a las y los jóvenes a los espacios de toma de decisiones, públicos y privados, para comenzar a construir proyectos que, verdaderamente, les involucren y con los que se identifiquen.
Concluimos que las problemáticas de la juventud son asuntos públicos que nos competen a todos y que no pueden resolverse sólo desde el trabajo con grupos de jóvenes. Ante las situaciones de discriminación, criminalización y hostigamiento hacia las y los jóvenes, no podemos permanecer callados como sociedad civil. Finalmente, enfatizamos el hostigamiento y persecución de la que son objeto jóvenes en su labor como defensores de derechos humanos.
Finalmente en cuanto a las mujeres:
Reconocemos que la inequidad entre hombres y mujeres persiste aun a pesar del discurso político gubernamental que se refleja a través de la discriminación y la violencia estructural hacia las mujeres, ante esto somos un grupo de organizaciones en un proceso de construcción y transformación, quienes reivindicamos cada una nuestro propio proceso organizativo retomando y trabajando los cinco temas de cada mesa, reconociendo la autonomía a la que tenemos derecho.
A pesar de que el estado hostiga, obstaculiza y reprime los procesos sociales, no impedirá que continuemos acompañando a los procesos organizativos en la búsqueda de a transformación para lograr la autonomía individual y colectiva.

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