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Chispero  político

Miguel  Angel. Carrillo Barrios

LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS, FÁBRICAS DE PASANTES

Una de las verdaderas proezas en el mundo de la educación superior de las universidades e institutos públicos en Chiapas, es la titulación de sus egresados. Las opciones de titulación que estas instituciones ofertan a sus egresados siguen siendo la tesis tradicional misma que está bajo la arrogancia de un asesor, que en muchas ocasiones, ni él mismo conoce a ciencia cierta los procesos metodológicos y lineamientos, provocando con ello un tormentoso desgaste de los aspirantes a titularse que, un día se les acepta una parte de algún capítulo y se les rechaza el otro para que en la segunda "revisada", el asesor rechace el ya aceptado y acepte en rechazado hasta que esa acción propicia una política de desgaste para que el egresado abandone la tesis y prefiera abandonar el trabajo de tesis y quedarse como pasante o en su caso,  optar por un año de la maestría para poderse titular, convirtiéndose así universidades e institutos fabricantes de pasantes y todo porque no existen opciones diversas de obtener el título. Lo más grave es que, a excepción de médicos, ingenieros y algunos abogados, sólo cinco de cada 100 titulados poseen una cédula profesional. Según datos obtenidos en los archivos de la UNACH, Instituto Tecnológico, UNICACH y otros, el fenómeno grave de las pasantías, después de las pocas opciones de titulación, es el alto costo por derechos que se hacen para obtener tanto el título como la cédula profesional; otro de los factores es que un 80% de los egresados de las universidades, no ejercen labores inherentes a su perfil profesional, pues cuando menos, algunos solamente tienen labores afines pero no exactos en donde muchos encuentran u obtienen buenos ingresos lo que los hace olvidar la titulación y menos la obtención de cédulas que estipula el quinto constitucional que en México, solo para pocas carreras profesionales es exigible, dentro de ellos, contadores, abogados, médicos y otros pocos. Sin embargo, este problema es minúsculo comparado con el que se presenta en la normal superior de Chiapas y el que heredó a miles y miles de profesores la vieja normal del Estado, donde casi el 90% de sus egresados nunca obtuvieron su título profesional y a juicio de la mayoría de los mentores, afirman que a ellos les interesa su plaza y por ende su salario mas no el título y menos que hablen de cédulas profesionales. Hasta hace algunos años, sólo uno de cada 10 poseía un título de profesor normalista, pues se estima que decenas de miles de docentes que han logrado la jubilación, jamás obtuvieron un título e incluso muchos ni siquiera poseían estudios de profesores. El caso planteado sería digno que, dentro de las reformas educativas fuera incluido, en donde al egresado se le den opciones diversas de titulación y que sus costos sean fueran al alcance de egresados, así como la implementación de programas tutoriales para que todos profesionista alcalde los mencionados documentos y que obviamente, los candados en tiempo, sean eliminados. Hay que destacar que para cuestiones de docencia, el título y la cédula, son únicamente requisitos pero no impedimentos para el desarrollo de una excelente cátedra o implementación de didácticas metodológicas, pues en algunas ocasiones puede asegurarse que un pasante puede tener esa facilidad de desarrollo didáctico para favorecer el aprendizaje que un titulado e incluso, mejor que aquellos que poseemos un grado académico. Si las autoridades rectoras no cambian las modalidades, habrá muchos licenciados sin título.

LA REDUCCION DE SALARIO DE FUNCIONARIOS; UNA INFAME MENTIRA

"Nosotros no nos interesa el salario en lo máximo, sino que nos las comisiones y los viáticos", es la palabra clave de miles de funcionarios. En el caso de los legisladores chiapanecos que anunciaron la reducción de un  que durante esta semana anunciaron con bombo y platillo la reducción de su dieta, no es de dudarse que sí lo harán pero incrementarán sus percepciones hasta en un 200% y entonces no sale peor. Hay que recordar que los legisladores, alcaldes y regidores, son los que disponen libremente y sin límites, el salario que quieren ganar; además porque en México, existen leyes discrimatorias que establecen salarios máximos y salarios mínimos, es decir, para la prole, el mínimo y para los altos jerarcas el máximo. Pero hablar de legisladores son los que tienen comisiones extras por ser "líder" de bancada, viáticos altísimos bajo el argumento que "visitan" sus distritos, gasolina y carro gratis, secretarias disponibles, gañanes de los gañanes, aguinaldos inflados, seguros de vida y otras percepciones, pues a los mexicanos nos cuesta altísimo mantener a un pelafustan de esos que, en muchas ocasiones ni siquiera tienen la habilidad de pensar, menos de argumentar metodológicamente y menos llegar a una conclusión con lógica social. Cuando a esos sujetos se les limiten esos privilegios, México dejaría de pagar miles de millones de pesos que ingresarían a las arcas nacionales y en esa medida, los mexicanos tendríamos más dinero para obras de carácter colectivo y social. El decir que se dedujeron el salario no es la panacea  para la espantosa crisis que vive Chiapas y el país, pues si éstas medidas se dieran y juntamente ampliando la base de contribuyentes, vendrían épocas de bonanzas que bien sobraría para gratificar a esos buenos funcionarios por su obra, pero no es así. Como si fuera poco, Chiapas y sus propias autoridades legislativas y ejecutivas, pareciera que tenían anhelos vivos no se incrementar su recaudación sino de disminuirla al crear 13 municipios más en los últimos años, pues hay que recordar que la entidad, sólo tenía 109 y con la creación de ese inmenso número de burócratas, buenos para nada, hoy gozamos ya de por los menos cuatro mil personas que el Estado tiene que pagarles su salario sin hacer nada absolutamente en pro de mejoras a las atenciones sociales. La creación de municipios no sirvió más que para incrementar la base de rateros trienales que se ufanan de ser amigo de equis o zeta funcionario para eludir su hurto, para burlarse del pueblo que imaginariamente representan. Lo bueno sería que a esos ayuntamientos, se les imponga salarios conforme sus habilidades y rendimientos, pero como dijera Carlos Marx, "el estado está de cabeza" o en su caso, tenemos ligereza de piernas pero hace falta cabeza de dirección. Es decir, que lo que pensamos no es congruente con la realidad social y la capacidad presupuestal y su rendimiento o aportación fiscal y productiva. Claro está además que hasta este punto, las autoridades legislativas y hasta la ejecutiva, no tienen la mínima capacidad para pensar de esos tamaños y sondear las consecuencias futuras.

ABUSO POLICIACO EN TUXTLA

En los últimos meses, la policía municipal capitalina, ha emprendido una serie de retenes policiacos sorpresivos y no precisamente para vigilar a trasgresores de la paz pública sino para detener a cualquier vehículo, que a su absurdo punto de vista, les parece sospechoso. El caso más patético se genera precisamente en el reten que por momentos instalan los polizontes junto al Estado de fut bol americano, en donde los uniformado, abusando de su encargo y usurpando funciones de policía de tránsito, exigen a los conductores la exhibición de documentos de la unidad que conducen, como lo son: factura original, tarjeta de circulación, licencia de manejo entre y otros, y es casi un hecho que sólo uno de cada mil conductores lleve la factura original de su unidad, acción que origina el inmediato chantaje de los policías que de inmediato se comunican con los agentes de tránsito para que éstos amenacen con infraccionarlos. He visto y vigilado la acción de los agentes, que casi ningún conductor es infraccionado pero sí chantajeado con algún favor económico. Cuando los conductores alegan sus derechos por ser detenidos sin orden judicial competente, los agentes haciendo uso de sus armas, inmediatamente le ordenan al conductor para que no solamente él sino los que van dentro de la unidad desciendan del vehículo para ellos iniciar de inmediato una minuciosa revisión del motor del vehículo, así como del número de serie de casi todas las partes a manera de encontrar el mínimo detalle que los orille a hacer más punible su acción inconstitucional que están realizando bajo la mirada discreta y consentidora de las autoridades superiores. 

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