* El objeto de la iniciativa hacer congruente la legislación minera con el orden constitucional, los derechos humanos, los derechos de las comunidades agrarias, pueblos indígenas y las finanzas públicas del país.
El día de hoy la senadora de la república Iris Vianey Mendoza Mendoza, sustituyó la iniciativa de Nueva Ley Minera presentada el pasado 30 de abril ante el pleno de la Cámara de Senadores, por un proyecto más consolidado que adiciona nuevas propuestas de expertos, académicos y organizaciones sociales.
«La legislación minera vigente permite el saqueo indiscriminado de nuestros recursos naturales no renovables y el desarrollo de una industria que además de no generar impuestos y beneficios para la nación, tampoco desarrolla actividades transformativas y se limita al extractivismo de minerales y no a su racional aprovechamiento industrial», dijo la senadora perredista.
«El interés nacional reclama que el aprovechamiento de los recursos naturales no renovables, y en particular el caso de la actividad minera, se realicen con una visión de largo plazo y de responsabilidad generacional.»
Asimismo la senadora michoacana, reiteró que «Es necesaria una nueva legislación minera congruente con el orden constitucional, el medio ambiente, los derechos humanos, los derechos de los trabajadores, los derechos de las comunidades agrarias y los pueblos indígenas y con las finanzas públicas del país.»
«Los enormes conflictos sociales que provocan actualmente a lo largo de toda la República, exigen suprimir el carácter de utilidad pública de la actividad minera.»
También la perredista expuso que lo único preferente en la nueva legislación minera debe ser el pleno respeto a los derechos humanos, a los derechos de las comunidades y pueblos indígenas y la preservación de los recursos naturales.
«En esta línea, con la participación y aportaciones de organizaciones sociales, luchadores sociales, académicos y expertos, se ha construido un Proyecto de Nueva Ley Minera.»
Explicó que la iniciativa de Nueva Ley Minera Ordena la obligación expresa del Estado de garantizar que los mecanismos de extracción y beneficio de los recursos naturales concesibles preserven el equilibrio ecológico y la sostenibilidad de los ciclos naturales, permitan condiciones de vida con dignidad para la ciudadanía y fomenten el pleno respeto de los derechos humanos.
«La actividad minera deja de ser preferente sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno y estará condicionada a que no vulneren los derechos humanos reconocidos por la Constitución y tratados internacionales firmados y ratificados por los Estados Unidos Mexicanos», declaró Mendoza Mendoza.
«Y sólo se considerará de utilidad pública cuando esta actividad se realice directamente por el Estado, sin la participación de particulares, y para beneficio directo de los mexicanos.»
La también Secretaria de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, informó que «Se establece la participación vinculante de la población sobre toda decisión, previniendo que cada etapa del proceso minero, pero en especial la exploración, explotación, el beneficio de los minerales o sustancias a que se refiere la Ley, así como las acciones para el cierre de minas, se someterán a consulta para obtener el consentimiento previo, libre, informado y culturalmente adecuado para pueblos indígenas, y a la participación social y ciudadana para obtener el acuerdo previo, libre, informado y vinculante para poblaciones no indígenas; bajo sanción de nulidad absoluta de las concesiones y asignaciones que se otorguen.»
«Como consecuencia, se regula la figura de la licencia social de las comunidades, necesaria para autorizar toda actividad minera. La licencia social deberá ser otorgada por medio de un proceso de consulta o participación donde concurra la población interesada a partir de una convocatoria emitida por la Secretaría de Economía.
Mención especial merece el Capítulo Tercero, dijo Iris Vianey Mendoza “De la Explotación Minera y de los Derechos de los Pueblos Indígenas”, para garantizar que los pueblos indígenas y sus comunidades tengan derecho a usar y aprovechar los recursos naturales existentes en sus tierras y territorios, incluido el uso cultural, ceremonial y espiritual que en ellos se realicen. De igual manera, tengan derecho a participar y beneficiarse del aprovechamiento de los recursos minerales existentes en sus tierras y territorios, así como a que no se destruyan a causa de esa actividad y se preserve su hábitat.
Para cerrar su intervención la senadora perteneciente al GPPRD, expuso lo siguiente respecto a las nuevas disposiciones que propone en la iniciativa de Nueva Ley Minera:
«Se distingue entre las concesiones de exploración y de explotación, para que éstas tengan una vigencia acorde al proyecto del que se trate y no se permita la especulación ni el tráfico de concesiones mineras.
Tanto para las concesiones de exploración como de explotación, se necesitará previamente tener autorizada una manifestación de impacto ambiental (MIA), así como todos los permisos necesarios que la ley marque.
Se establecen regímenes diferenciados para minería artesanal, pequeña, mediana y gran minería. Estableciendo que la Secretaría de Economía formulará los programas de fomento a la minería artesanal, así como a la pequeña y mediana minería.
También se anulan las cláusulas de confidencialidad que hoy ocultan la información que deben entregar las empresas mineras al Estado.
Se obligará a la Secretaría de Economía a hacer pública y accesible la información en su poder a la ciudadanía en general, con la obligación de entregarla directamente a las comunidades donde operan las mineras.
Se introduce el cobro de regalías para la minería, cobradas por el valor del volumen de minerales producidos a boca de mina (no sobre los ingresos reportados de las empresas) con regímenes diferenciados para minería artesanal, pequeña, mediana y gran minería.
Del mismo modo, se amplían las causales de nulidad y de cancelación de concesiones. Y se fortalecen los mecanismos preventivos y las sanciones a las eventuales violaciones a la Ley.»
Finalmente Iris Vianey Mendoza, declaró que en la Nueva Ley Minera propone se faculte y obligue a la Secretaría de Economía para realizar visitas de inspección, con el propósito de verificar que los minerales extraídos y las cantidades declaradas como extraídas y procesadas, coincidan con lo autorizado en la concesión y con los reportes de la empresa; así como su cumplimiento y apego a la normatividad ambiental, las reglas de seguridad e higiene, de salud y en general toda aquella que deba ser observada para la seguridad del personal, medio ambiente y poblaciones.
