periodicociudadrealhoy

CONSIGNAN A INDIVIDUO POR DELITOS
CONTRA LA SALUD Y VIOLACIÓN A LA LEY
FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS

La Delegación de la Procuraduría General de la República en Chiapas obtuvo del Juzgado Cuarto de Distrito la consignación contra Sandro Maldonado Reyes, por su probable responsabilidad en la comisión del delito contra la salud, en la modalidad de posesión de cocaína con fines de comercio y por violar la Ley Federal de de Arma de Fuego y Explosivos.
De acuerdo con la averiguación previa AP/PGR/CHIS/TAP-I/495/2011 elementos del Ejército Mexicano detuvieron al inculpado, luego de recibir una denuncia ciudadana en la que alertaba que una persona vendía droga en el ejido la Libertad, del municipio de ciudad Hidalgo.
Ahí los castrenses sorprendieron a Maldonado Reyes en posesión de dos envoltorios con siete gramos tres miligramos de cocaína, un paquete con 979 gramos dos miligramos de la misma droga, otro más con 942 gramos cuatro miligramos de Benzocaína y dos frascos con 738 gramos ocho miligramos de Inositol, sustancias legales utilizadas entre otras cosas, para rebajar la droga pura. Asimismo, una pistola calibre 9 milímetros, con un cargador y 11 cartuchos de calibre.

En consecuencia, estupefacientes y arma fueron puestos a disposición del Fiscal de la Federación, quien inició y consignó la querella referida y el inculpado fue trasladado al penal de Tapachula, en donde enfrentará su proceso penal.
La Procuraduría General de la República en Chiapas invita a la ciudadanía a continuar con sus denuncias al teléfono 01 961 61 7 9619 y al correo electrónico dc-chiapas@pgr.gob.mx. En todo el territorio nacional se puede hacer al 01 800 00 85 400. También se les atenderá en forma personalizada todos los jueves en las instalaciones de la Delegación, ubicada en Libramiento Sur Poniente número 2069, colonia Belén, del municipio de Tuxtla Gutiérrez, en el horario de 9 a 13 horas, en el marco del programa de Atención Ciudadana.
De esta forma, el Gobierno Federal continúa su labor para propiciar un ambiente de certidumbre jurídica, para que la ciudadanía tenga la seguridad de que cuenta con instituciones y programas que garantizan el respeto a sus derechos y la preservación de su patrimonio, mediante la aplicación de la ley.