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Se agudiza problema entre transportistas en Altamirano


Janet Hernández Cruz
Integrantes de la Sociedad Cooperativa del Autotransporte Santa María “El Quetzalito”, grupo que brinda el servicio a comunidades de Ocosingo y Altamirano, denunciaron que miembros de la Sociedad Cooperativa “San Carlos” los han agredido por estar solicitando una concesión para trabajar dignamente.
Al dar lectura a un documento durante una conferencia de prensa efectuada en San Cristóbal de Las Casas, José Manuel Gómez Aguilar, dijo que desde hace 15 meses 19 socios iniciaron la gestión para obtener la concesión de transporte en la modalidad de taxis, en la ruta Altamirano-Ocosingo y viceversa.
Recordó que son un grupo de transportistas que desde el 6 de noviembre de 2010 empezó a trabajar, sin haber obtenido la concesión, pero a cambio han sido objeto de una serie de agresiones y amenazas.
El 7 de noviembre del año 2010 fueron infraccionados Armando Gómez Aguilar y Maluye Sánchez Singuinich; en diciembre de 2010 es infraccionado el conductor José Manuel Gómez Aguilar.
En enero de 2011, quienes se dicen ser concesionados, secuestraron por 27 días a 5 carros del grupo Santa María “El Quetzalito”; las unidades no estaban en el corralón, las tenían en San Cristóbal.
En ese tiempo, los transportistas de la Sociedad Cooperativa “San Carlos” golpearon unidades de Santa María “El Quetzalito”. El 14 de mayo fue apuñalado Anselmo Sánchez Méndez en el hombro derecho y además le robaron la unidad, tipo tsuru, color blanco, modelo 2011, con placas DRE5402.
El 26 de mayo fue asesinado Mario Paniagua, luego de abordarlo para realizar un viaje de Ocosingo con dirección Altamirano. Siguieron una serie de amenazas de muerte por parte de los transportistas de la Cooperativa “San Carlos” hacia Conrado Sántiz y Raymundo Gómez García, con expresiones como “tu también te vas a morir”, refiriéndose al asesinato de Mario Paniagua.
Estas agresiones, amenazas y asesinato se han denunciado ante el Ministerio Público de Altamirano y Ocosingo, pero a la fecha no se ha iniciado investigación alguna, menos que haya detenidos.
En el mes de septiembre pasado, al agudisarse el conflicto, transportistas de la Cooperativa San Carlos retuvieron 4 unidades de la Sociedad Santa María “El Quetzalito”, y los de este grupo retuvieron 3 unidades de ellos; se abrió una audiencia con la presencia del secretario de gobierno Noé Castañón, pero sólo se aplaza la fecha para iniciar reiniciar sus actividades y se alarga el conflicto.
Explicaron que “en esta audiencia se propone la fecha para la siguiente reunión con el supuesto de ir resolviendo el conflicto, quedando para el 5 de octubre. Una vez llegada la fecha, acudimos a Palacio de Gobierno con la intención de nuestra parte de resolver por los cauces pacíficos nuestra necesidad de una fuente de trabajo para poder dar sustento a nuestras familias”.
A esta reunieron acudieron varias autoridades, entre ellos Agustín Santiago Albores (director de gobierno), José Límbano Moreno Villatoro (Director de concesiones y autorizaciones de la Secretaria de Transportes), “de quienes recibimos sólo la burla, el desinterés y la consigna de de defender y de proteger los intereses económicos de los caciques locales de Altamirano, ya que son ellos quienes tienen acaparadas la gran mayoría de las concesiones de autotransporte”, denunciaron.
Con la intención de que los transportistas del grupo Santa María “El Quetzalito” abandonara su lucha, las autoridades les ofrecieron proyectos productivos como paliativos (no resuelven las necesidades vitales).
Argumentaron que buscan un trabajo en el autotransporte porque el campo ha sido abandonado por el gobierno, lo cual hace mucho más difícil la inversión para poder producir y vivir como campesinos.
Aseguraron que las autoridades estatales protegen las fechorías de la Sociedad Cooperativa de “San Carlos”, al mismo tiempo que defienden los intereses de caciques que tienen el monopolio del transporte: Armando Pinto Kanter, Elmar Pinto Kanter, Amilcar Pinto Kanter, José Lino Pinto Cruz, Moisés Torres Aguilar, Sebastián Sántiz García, Heidi Pino Escobar, la mayoría expresidentes del municipio de Altamirano, y responsables de las agresiones y el asesinato.
Adelantan que en el transcurso de esta semana reiniciarán sus actividades en la ruta Altamirano-Ocosingo, por lo que cualquier agresión, daños materiales, físicos y psicológicos de los que sean objeto, hacen responsable al gobierno del estado y a los caciques del municipio de Altamirano.
Finalmente exigen al gobierno estatal “que nos otorgue las concesiones como transportistas, y de solución al presente problema, que tiende a agravarse ante la negligencia y corrupción con la que operan las autoridades al beneficiar de manera descarada a los caciques y empresarios locales de Altamirano”.