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AMPF CONSIGNÓ A UNA PERSONA QUE TRANSPORTABA EQUIVALENTE A CASI NUEVE MILLONES DE DOSIS DE COCAÍNA



La Procuraduría General de la República, a través del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Delegación en Chiapas, consignó ante el Juzgado Cuarto de Distrito en la entidad a Mauricio Urbina Flores, por su probable responsabilidad en la comisión del delito contra la salud en la modalidad de transporte del estupefaciente denominado clorhidrato de cocaína.
De acuerdo con la averiguación previa AP/PGR/CHIS/ARR/132/2011, elementos del Cuarto Regimiento de Caballería ubicados en el puesto de control militar Ocuilapa, realizaron una revisión de rutina a un vehículo de carga, marca Dina, color blanco, con placas de circulación del Servicio Público Federal.
Al inspeccionar la carga encontraron 400 cajas con plátanos y debajo de ellas, en la plataforma del automotor, hallaron un doble fondo donde ocultaban 435 paquetes con cocaína de diferentes tamaños, con un peso total de 442 kilos 774 gramos 3 miligramos.
En consecuencia, Urbina Flores, la droga y el automotor fueron puestos a disposición del Fiscal Federal, quien ejercitó acción penal ante el Juez, internando al inculpado en el Centro de Readaptación Social de Tapachula.
Cabe señalar que un kilo de cocaína equivale, en promedio, a 20 mil dosis del alcaloide, por lo que con este aseguramiento se evitó la distribución de ocho millones 854 mil dosis de la droga.
La Procuraduría General de la República en Chiapas invita a la ciudadanía a seguir denunciando anónimamente al teléfono 01 961 7 9619, en todo el territorio nacional al 01 800 00 85 400 y al correo electrónico dc-chiapas@pgr.gob.mx; así también la atención personalizada a través del programa de Atención Ciudadana, todos los jueves en las instalaciones de la Delegación ubicada en Libramiento Sur Poniente número 2069, colonia Belén, del municipio de Tuxtla Gutiérrez, en el horario de 9 a 13 horas.
El Gobierno Federal seguirá trabajando para propiciar un ambiente de certidumbre jurídica en el que las personas tengan la seguridad de que cuentan con instituciones y programas gubernamentales que garantizan el respeto a sus derechos y la preservación de su patrimonio mediante la aplicación de la ley.