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Abogados denuncian actos de corrupción de Juez Mixto

Por Juan Sánchez.

Ocosingo. Sept. 16.- El regreso de averiguaciones previas con el argumento de que, "la determinación del ejercicio de la acción penal no cumple con los requisitos formales", es parte de una estrategia de Pedro Gómez Ramos, Oscar Antonio Santos López y Raúl Pérez Gómez, juez, secretario penal y defensor de oficio del juzgado mixto de esta ciudad, para extorsionar a las personas involucradas en los expedientes penales.

De acuerdo a integrantes de la barra de abogados en su denuncia presentada al presidente del tribunal de justicia del estado Rutilio Escandón Cadena, el trio de servidores encargados de administrar justicia, utilizan todas sus argucias para lograr sus propósitos en detrimento del trabajo profesional de los litigantes de esta ciudad y que "rayan hasta en lo ilícito".

Al solicitar una audiencia para ratificar su denuncia el grupo de abogados encabezados por su presidente Alfonso Rodas Cruz, dan a conocer una serie de irregularidades que se vienen presentando, desde la llegada de Pedro Gómez Ramos como titular del juzgado, "se volvió un completo desorden en el juzgado, existe un notable retraso en el dictado de resoluciones tanto en lo penal como en lo civil".

"sentencias, autos constitucionales, autos de incoación, vencidos que son dictados fuera de los términos legales, desaparición de expedientes, hasta por ocho días, son otros de las múltiples casos, que se cometen actualmente" agregan.

 Al reconocer que al principio consideraban que el problema se generaba como consecuencia de la carga de trabajo del personal de dicho juzgado; pero hoy -aseguran- tener la certeza de que esas acciones son para obtener beneficios personales o económicos, al obligar a los involucrados a comparecer ante ellos, y así beneficiar a la parte que mejor se ajuste a sus intereses personales o económicos.

Al dar a conocer la situación que prevalece en el juzgado de esta ciudad, comentan la posibilidad de iniciar una acción legal en contra de estos tres servidores públicos encargados de administrar justicia, porque no es posible que en el lugar en donde debe de prevalecer la ética, la convicción y el profesionalismo, estén sentados delincuentes que solo utilizan el cargo para negociar con los casos.