periodicociudadrealhoy

De Acteal a Chenalhó: paramilitares e impunidad

De acuerdo con un análisis difundido ayer por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), los recientes ataques contra los católicos de San Pedro Chenalhó, Chiapas, pueden estar relacionados con el regreso a la entidad de los paramilitares que participaron en la masacre de Acteal hace casi 16 años y que han sido liberados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Aunque la organización humanitaria no responsabiliza directamente de los ataques a los criminales liberados, acusa que su excarcelación es una señal para los grupos paramilitares, nunca desmantelados, o a algunos de los que han sido sus miembros, de que pueden actuar impunemente agrediendo a quienes no se pliegan a su voluntad; tal podría ser el caso de la colonia Puebla, de donde es originario uno de los paramilitares recientemente liberados y originalmente señalado como el líder del grupo que ejecutó la matanza de Acteal.

Como contexto, cabe recordar que, ante la inacción de las autoridades municipales, estatales y agrarias, la comunidad católica de San Pedro Chenalhó fue recientemente despojada del terreno en el que se encuentra su ermita, así como de materiales de construcción, acción perpetrada por una asamblea ejidal cuyo control ostenta Agustín Cruz Gómez, pastor presbiteriano que en 1997 bendijo las armas usadas por los paramilitares para masacrar a 45 personas en Acteal. El dato es alarmante si se considera que, según la versión oficial, el conflicto que culminó con ese asesinato masivo se inició por la posesión de un banco de arena entre grupos confrontados de la misma comunidad.

A posteriori, los señalamientos del Frayba justifican las críticas formuladas a la SCJN por los fallos reiterados (en 2009, 2010 y 2012) que permitieron la excarcelación de 51 de los responsables materiales de la masacre de Acteal. Como lo señaló el organismo humanitario a fines del año pasado, con motivo del 15 aniversario de esa atrocidad, quedan sólo 27 personas presas, lo cual refleja la nula voluntad del Estado mexicano de esclarecer los hechos, su empeño en seguir ocultando lo que pasó y negando una y otra vez justicia y verdad para las familias tzotziles que perdieron a sus familiares y a las y los sobrevivientes de la masacre. La paulatina excarcelación de los autores materiales obliga a recordar, por otra parte, que los organismos gubernamentales nunca investigaron las posibles responsabilidades intelectuales y políticas de quienes se desempeñaban entonces como altos funcionarios del gobierno de Chiapas, ni las de los mandos militares, ni aquellas en las que pudieron incurrir el entonces presidente Ernesto Zedillo Ponce de León y su secretario de Gobernación, hoy titular de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor.

Esa falta de compromiso con la justicia no sólo es exasperante por básicas consideraciones éticas, sino también porque la impunidad es el caldo de cultivo para la comisión de nuevos crímenes. En el caso de Chiapas, sólo el esclarecimiento pleno y el castigo a los responsables puede cancelar la posibilidad de que vuelva a ocurrir una masacre como la que tuvo lugar en Acteal.