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Chispero  político

Miguel  Angel. Carrillo Barrios

EN OAXACA Y CHIAPAS, SER PERIODISTA CRÍTICO, ES PEOR QUE SER UN SANGUINARIO TERRORISTA

En Chiapas, hacer un filme o tomar fotografías a policías o a instalaciones policiacas y no llevar la credencial o identificación de prensa, significa ser integrante del crimen organizado, o definirse como un "halcón"; no importa que el periodista sea conocido, poco desconocido o un perfecto desconocido los genízaros sólo tienen que invocar el artículo 398 bis del Código Penal del Estado de Chiapas, en el que a la letra dice: "se impondrá una pena de dos a quince años de prisión y multa de doscientos a cuatrocientos días de salario mínimo, a quien aceche, vigile, o espíe a los cuerpos de seguridad pública, de persecución o sanción del delito o la ejecución de penas, para obtener información sobre su ubicación, actividades, operativos, o sus labores en general.". Así es que en Chiapas, todo periodista que venga, ya sea del interior del país o del extranjero, deberá llevar colgando del pescuezo una credencial que lo identifique como tal y de paso saberse casi de memoria los 23 artículos de la  Ley de Derechos para el Ejercicio del Periodismo en el Estado de Chiapas y sus dos transitorios, así como el 195 bis del Código de Procedimientos Penales o de lo contrario, será un delincuente más que equivocadamente se vaya a purgar una condena o por lo menos, sufrir una "calentadita" cmo lo acostumbran los agentes policíacos del mundo y particularmente los de Chiapas y Oaxaca y sobre todo si el supuesto "indiciado" para ellos es un sujeto que se define "periodista" que tanto daño económico les causa en sus tranzas. De paso, el Güero, el gobernador más joven del mundo y por lo mismo con la más miserable experiencia, no tuvo los tamaños y el empacho para reprobar o vetar esa reforma, misma que no sabemos quién se la recomendó o encomendó o quizá su objetivo sea sano pero su interpretación gramatical no hace específica referencia sobre a quienes específicamente les está prohibido hacer uso de cámaras o aparatos fotográficas o filmográficas para los fines que explicita la reforma penal. 

De paso, a pocos días de haberse aprobado esa reforma, una persona del municipio de Ocosingo, ya se encuentra procesada y posiblemente esperando sus quince años de prisión por haber filmado a policías cuando se encontraban apaleando a un grupo de indígenas, fue lo suficiente para que el comandante del operativo ordenara que se detuviera al sujeto mencionado, que se le decomisara el celular con el grababa y que se le levantaran cargos por obtener información sobre sus operativos. En Chiapas, es preocupante que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos está considerada como boca de sepulcro a pesar de las violaciones a los derechos humanos y las garantías individuales que se cometen frente a sus narices; obviamente que no existe ningún peso moral de esa dizque "derechos humanos", ya que junto con la sala Constitucional del Poder Judicial, pudieron o pueden rechazar o tildar dicha reforma penal como violatoria a la constitución local y federal. Los periodistas chiapanecos, excepto el de la voz, todos han callado sobre el contenido, pero más sobre el alcance de esa reforma, quizá porque hasta el momento, nadie ha sido perjudicado o porque ignoran el alcance punitivo e interpretativo que a dicho precepto se le puede dar en cualquier momento, pues no hay que olvidar que las leyes solo sirve a los políticos como un arma para combatir a todos aquellos que tropiezan con sus mezquinos intereses. Llama la atención también la situación que prevalece con los compañeros del Estado de Oaxaca, donde los agentes policíacos hacen detenciones arbitrarias o como las amenazas de muerte y exterminio étnico que recibiera el locutor y activista Filiberto Vicente Aquino, quien deplano le explicaron por la vía telefónica que el gobierno no deseaba gente como el citado locutor luego de amenazarlo de que terminarían con él y su familia. La detención inconstitucional y arbitraria de los periodistas  Rosa Rojas, Francisco Olvera, David Henestrosa, Ignacio Garrido, Karina Martínez y Eliseo Ramírez por parte de policías municipales y luego liberados horas más tarde, constituye serias amenazas contra la libertad de expresión por parte del gobierno de Gabino Cué, pues el único delito que se le atribuye a los detenidos es haber cubierto una conferencia de prensa sobre acciones de oposición a la construcción de un parque eólico cerca de San Mateo del Mar, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Así de delicado puede irse agravando la situación al grado de regionalizarse hasta que llegue el momento en que la libertad de expresión fundamentada en el artículo 6 y 7 constitucional así como en varios tratados internacionales y en Chiapas garantizados por Ley de Derechos para el Ejercicio del Periodismo en el Estado de Chiapas, se vayan extinguiendo si no levantamos la voz como organizaciones periodísticas unidas ante los organismos internacionales y exigir ante el gobierno federal su aplicación verdadera y la sanción de gobernantes como el de Oaxaca y Chiapas que prefieren voltear la cara hacia el otro lado donde se están cometiendo las violaciones a los derechos humanos, a las garantías individuales y a la propia constitución general de la república.

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