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INTERVENCIÓN DEL DR. CÉSAR CAMACHO, 

PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

EN LA PRESENTACIÓN DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES

México, Distrito Federal 

11 de marzo de 2013.

Emblemática, reivindicatoria e histórica es la iniciativa que hoy se firma.

Emblemática porque constituye una muestra de lo que la política es capaz de hacer; reivindicatoria porque recupera la rectoría del Estado en la prestación de un servicio público de interés general; e histórica porque la materia nunca había sido regulada con tal hondura, y por la auténtica revolución que va a provocar.

El Pacto por México, no sólo está vivo sino vigoroso, pues vigor, significa “eficacia en la ejecución de las cosas”. 

Suma de voluntades ciudadanas y adhesión de fuerzas, el Pacto es el espacio de neutralidad partidaria para la negociación política, en el que priva el interés superior de México.

Reconozco el patriotismo con el que han acudido a las mesas del pacto los representantes de los partidos. Unidos en nuestra diversidad, trabajamos con Ejecutivo Federal, con capacidad para plantear y disposición para escuchar. No se ha pretendido que se legisle en contra de nadie, sino para favorecer a todos.

Ya hace 30 años el Premio Nobel de la Paz, Sean McBride en su célebre reporte para la UNESCO titulado “Un solo mundo, múltiples voces”, destacó la importancia de la libertad de expresión, pero también del derecho a la información, para elevar la calidad de la democracia.

Ese planteamiento que entonces parecía utópico, hoy cobra vida en México.

Las telecomunicaciones, por su impacto en el Producto Interno Bruto y, sobre todo, por su transversalidad en toda vida pública, son vitales para el desarrollo del país y para la prosperidad de las personas.

Como la educativa, esta iniciativa de reforma constitucional devuelve al Estado mexicano la rectoría en la materia; involucra y articula el trabajo de los tres poderes de la Unión, brinda certeza a las empresas pero, sobre todo, pone el poder de los medios de comunicación al servicio de las personas. Es, en suma, una decisión de Estado; una decisión democrática, de todos, para todos.

La propuesta de reforma tiene tres puntos de apoyo: 

Primero, el reconocimiento de derechos fundamentales superiores;

Segundo, un mejor diseño institucional del Estado en la materia; y 

Tercero, la garantía de competencia económica en el complejo mercado de las telecomunicaciones.

Respecto del reconocimiento de las antes llamadas “garantías individuales”, desde 1977 se estableció en el artículo 6° de la Constitución que “el derecho a la información será garantizado por el Estado”, pero tuvieron que pasar cerca de cuatro décadas para que pudiera consagrarse constitucionalmente, este derecho de última generación; la forma en que el Estado se hace cargo de garantizar el ejercicio de la libertad de pensamiento y de expresión, que comprende la libertad de buscar, la libertad de recibir y la libertad de difundir información e ideas de toda índole.

Estos derechos de las personas tienen correlativas obligaciones del Estado: garantizar el acceso a las tecnologías de la información; a la integración de los mexicanos a la sociedad de la información y el conocimiento; a la inviolabilidad de la libertad de difundir opiniones, información e ideas; y a la prohibición de censurar.

Por lo que hace a un mejor diseño institucional, es trascendental la definición de la naturaleza jurídica que se le asigna a la radiodifusión y las telecomunicaciones, como servicio público de interés general, con lo cual queda de manifiesto que si bien en este planteamiento se establecen órganos reguladores autónomos e imparciales, lo es en aras de una mayor especialización, transparencia y legalidad.

Dotar de autonomía constitucional al naciente Instituto Federal de Telecomunicaciones y a la Comisión Federal de Competencia, es congruente con la determinación política de quien hoy gobierna al país, porque determina fortalecer las capacidades institucionales de dichos órganos, a fin de que en el ejercicio de sus funciones sean los criterios técnicos, ningunos otros, los que priven en sus determinaciones.

De esta suerte se propicia el equilibrio entre los agentes económicos, se acota el poder y se pondera la rendición de cuentas.

En relación con la garantía de competencia económica, se avanzará hacia la desconcentración del mercado y se incrementará la competencia para bajar los precios e incrementar la calidad de los servicios.

En telecomunicaciones, el Pacto por México más que remendar, colma un vacío; más que reformar el marco legal, con agallas y determinación, crea uno que va a transformar radicalmente nuestra realidad.

El propósito es que una más intensa y mejor comunicación, en el sentido más amplio de la expresión, potencie la cohesión social; que en este clima de libertades, aprovechemos la pluralidad de la nación mexicana, y se consolide nuestra democracia.

Los legisladores del país, que tendrán la última palabra, advertirán que esta iniciativa es síntesis del poder incluyente, del poder audaz, del poder apegado a la ley, del poder al servicio de las personas. 

Este es un ejemplo del ejercicio democrático del poder. Es la Presidencia Democrática en acción, es México en transformación.