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FALTA POLÍTICA DE ESTADO PARA PROTEGER A PERIODISTAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

México, D. F., 28 FEB.- Los recurrentes atentados cometidos en contra de las instalaciones de El Siglo de Torreón, que ya cobraron su primera víctima, corroboran que en México hace falta mucho para contar con una verdadera política de Estado para proteger a periodistas y para garantizar la libertad de expresión y el ejercicio periodístico de miles de medios de comunicación que a pesar de la llegada de Enrique Peña Nieto a la presidencia continúan indefensos y siguen sufriendo ante los estragos de un panorama de violencia que no dista mucho del que se vivió durante el sexenio de Felipe Calderón. 

A pesar que desde hace casi un año la Secretaría de Gobernación emitió el decreto por el que se expidió la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que en el papel busca proteger, promover y garantizar las garantías fundamentales de este sector, la realidad apunta que nuestro país sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer la profesión de informador, fenómeno del que ni siquera se escapan los llamados blogueros o tuiteros, quienes también ya han sido blanco de amenazas de supuestos integrantes de las mafias criminales que operan sin restricciones en todo el territorio nacional.

Aunque desafortunadamente la violencia ejercida en contra de dicho rotativo no es el único que se tiene registrado en el tiempo que lleva en el poder Peña Nieto, sí debe servir para llamar a la solidaridad de los tres niveles del gobierno federal, a los tres poderes del Congreso de la Unión, al sector empresarial y a la sociedad en general para concurrir de una buena vez en una verdadera salvaguarda de los derechos humanos y la integridad de aquellos ciudadanos en nuestro país, mexicanos y extranjeros, que arriesgan su vida con tal de cumplir con el deber de informar, así como los bienes muebles e inmuebles de las empresas relacionadas con la comunicación. 

Sabemos que ello no forma parte de los objetivos del Pacto por México, pero sus integrantes tienen el deber de impulsar mecanismos que permitan asegurar las condiciones mínimas para el ejercicio periodismo en nuestro país, que de ninguna manera puede continuar siendo víctima del clima de violencia que persiste desde el regreso del PRI al poder. 

No es ocioso recordar que de los miles de desaparecidos reconocidos por el gobierno peñanietista, muchos de ellos corresponden a periodistas y comunicadores de los que a la fecha no se sabe su paradero y de los que exigimos noticias fehacientes.