Aprueban diputados desaparición de SSP y SFP
Con 423 votos los diputados avalan en lo general y particular la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; PRI impugnará
CIUDAD DE MÉXICO, México, dic. 13, 2012.- La minuta de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal fue aprobada por el pleno de la Cámara de Diputados en lo general y en lo particular, con lo cual desaparecen las secretarías de Seguridad Pública y de la Función Pública y su integración a la Secretaría de Gobernación.
La ley fue avalada con 423 votos, 30 en contra y cuatro abstenciones.
«Aprobado en lo general y en lo particular el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para al Ejecutivo para sus efectos constitucionales», afirmó el diputado panista José González Morfín, vicepresidente de la Mesa Directiva.
Reformas que establecen que el Comisionado Nacional de Seguridad y el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública serán nombrados por el presidente de la República y ratificados por el Senado, como lo propuso la mayoría del PAN y el PRD en el Senado.
El PRI votó a favor de las modificaciones en general, pero se abstuvo de estas dos disposiciones y advirtió que una vez publicadas acudirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En entrevista el coordinador parlamentario, Manlio Fabio Beltrones, explicó:
»Para eso está la división de Poderes, y que la facultad de nombrar y remover libremente a los funcionarios del gobierno queda nada más en manos del presidente de la República, si queremos que otro Poder intervenga en el nombramiento del Ejecutivo para eso está la Constitución».
Las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública estipulan que el secretario de Gobernación deberá comparecer cada seis meses ante las comisiones de Gobernación y de Seguridad Pública del Senado, para presentar la política criminal y darle seguimiento cuando ésta se apruebe o se modifique.
Confirman la creación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
Y la desaparición de la Secretaría de la Función Pública, aunque ésta seguirá funcionando hasta crearse el órgano constitucional autónomo que se propone crear en
materia anticorrupción.
Con 423 votos los diputados avalan en lo general y particular la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; PRI impugnará
La ley fue avalada con 423 votos, 30 en contra y cuatro abstenciones.
«Aprobado en lo general y en lo particular el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para al Ejecutivo para sus efectos constitucionales», afirmó el diputado panista José González Morfín, vicepresidente de la Mesa Directiva.
Reformas que establecen que el Comisionado Nacional de Seguridad y el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública serán nombrados por el presidente de la República y ratificados por el Senado, como lo propuso la mayoría del PAN y el PRD en el Senado.
El PRI votó a favor de las modificaciones en general, pero se abstuvo de estas dos disposiciones y advirtió que una vez publicadas acudirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En entrevista el coordinador parlamentario, Manlio Fabio Beltrones, explicó:
»Para eso está la división de Poderes, y que la facultad de nombrar y remover libremente a los funcionarios del gobierno queda nada más en manos del presidente de la República, si queremos que otro Poder intervenga en el nombramiento del Ejecutivo para eso está la Constitución».
Las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública estipulan que el secretario de Gobernación deberá comparecer cada seis meses ante las comisiones de Gobernación y de Seguridad Pública del Senado, para presentar la política criminal y darle seguimiento cuando ésta se apruebe o se modifique.
Confirman la creación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
Y la desaparición de la Secretaría de la Función Pública, aunque ésta seguirá funcionando hasta crearse el órgano constitucional autónomo que se propone crear en
materia anticorrupción.
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