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PGR citará a comparecer a tres ex alcaldes por cohecho en caso Walmart

ASICh
La Procuraduría General de la República (PGR) citará a declarar a por lo menos tres ex alcaldes de Chiapas, entre ellos el de Tapachula, Comitán y San Cristóbal de Las Casas, por estar presuntamente implicados en el delito de cohecho para otorgar facilidades a la compañía Walmart para la construcción de sus empresas filiales en ésta plazas de la entidad.
En el caso concreto de San Cristóbal de Las Casas, Mariano Díaz Ochoa se le relaciona con un presunto soborno que habría recibido por más de medio millón de pesos por parte de funcionarios de la compañía Walmart, para que autorizara la constancia para el cambio de uso de suelo y la licencia de construcción de dos de sus filiales Sam´s Club y Bodegas Aurrera.
De acuerdo con la información obtenida en fuentes confiables de la PGR, se indicó que a finales de 2009 y principios de 2010, la compañía Walmart negoció con el Presidente Municipal de ese entonces Mariano Díaz Ochoa, para obtener todas las facilidades que permitieran la construcción de ambas tiendas, una de mayoreo y otra de autoservicio, mismas que se edificaron en el Barrio El Relicario, al sur de la ciudad.
Para "agilizar" los trámites Díaz Ochoa, habría recibido un cheque por más de medio millón de pesos, lo cual podría tipificar el delito de cohecho que según el artículo 222 del Código Penal Federal lo comete el servidor público que por sí o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente para sí o para otro, dinero o cualquiera otra dadiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones.
Y que el que de manera espontánea de u ofrezca dinero o cualquier otra dadiva a alguna de las personas que se mencionan en la fracción anterior, para que cualquier servidor público haga u omita un acto justo o injusto relacionado con sus funciones.
Según el propio ordenamiento al que comete el delito de cohecho se le impondrán las siguientes sanciones:
cuando la cantidad o el valor de la dadiva o promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el distrito federal en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrán de tres meses a dos años de prisión, multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el distrito federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de tres meses a dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.
Hay que señalar que según los propios vecinos del Barrio El Relicario, la construcción de ambas negociaciones causó daños en domicilios cercanos, además de provocar inundaciones en calles aledañas en temporada de lluvias.
Lo cual fue notificado por escrito en diversas ocasiones a Díaz Ochoa, haciendo caso omiso al reclamo de los afectados, quizás a consecuencia del dinero recibido.