Desplazados de Huixtán
ALBERTO HERNÁNDEZ
Desplazados del municipio de Huixtán, que se encuentran viviendo hacinados en una colonia del sur de San Cristóbal de Las Casas, informaron que a raíz de la denuncia hecha en los medios de comunicación, recibieron un poco de atención de las autoridades del gobierno de Chiapas para que se agilice un posible retorno, mismo que habían anunciado, llevarían a cabo ayer, sin las medidas de seguridad requeridas.
Juana Hernández Cruz, expulsada de la comunidad Lázaro Cárdenas Chilil, informó que "el gobierno nos dijo que nos va a atender, que ya va a arreglar nuestros problemas, le pedimos que nos haga regresar, que haya libertad para hacer cultos, porque cuando nos sacaron no estábamos haciendo nada malo".
Explicó que pertenecen a un grupo de evangélicos que iba a orar fuera de Chilil, "veníamos a una colonia de San Cristóbal, pero ahora si nos vamos a regresar queremos nuestro templo en Chilil para que exista la libertad religiosa, como dice el gobernador, porque ya hay otras familias que son evangélicas".
Indicó que en su comunidad se quedaron dos familias evangélicas que las obligaron a renunciar a su fe.
Juana Hernández Cruz es parte de un grupo personas expulsadas de la comunidad de Chilil, municipio de Huixtán, en noviembre de 2009, ahora son 27 personas (entre adultos, niños y personas de la tercera edad) que viven hacinados en una pequeña casa de la colonia María Auxiliadora.
"El gobierno nos paga la renta de la casa, nos da un poco de alimento, a unos niños les paga transporte para la escuela, pero queremos regresar para tener cerca a nuestros hijos, para que no tengan que salir a otra comunidad a estudiar como lo están haciendo ahora", mencionó Juana Hernández.
"Aquí vivimos 27 personas en total, pero estamos muy amontonados, es un lugar muy pequeño para seguir viviendo, pero nosotros ya queremos regresar a nuestra comunidad, vamos a esperar haber si cumple el gobierno, sino pues ahora sí regresamos porque no están cumpliendo la ley", advirtió.
Por haber sido expulsados sin sus documentos, les ha sido difícil conseguir empleo: "No tenemos papeles para trabajar, es muy difícil conseguir un trabajo así, mis documentos se quedaron con nuestras cosas, cuando nos corrieron no sacamos nada, no sabemos qué pasó con nuestras pertenencias".
"Es muy difícil conseguir trabajo sin papeles, por eso buscamos trabajo de lo que sea en la calle para poder mantener a mis hijos, ahorita estoy trabajando en bordados, es un poquito, pero sirve de algo", comentó.
La indígena Juana Hernández Cruz afirmó que "no quedó establecida la fecha para regresar, el gobierno sólo nos dijo que sí se van a hacer cargo de la solución, así nos dijo cuando nos hablaron por teléfono", concluyó.
Desplazados del municipio de Huixtán, que se encuentran viviendo hacinados en una colonia del sur de San Cristóbal de Las Casas, informaron que a raíz de la denuncia hecha en los medios de comunicación, recibieron un poco de atención de las autoridades del gobierno de Chiapas para que se agilice un posible retorno, mismo que habían anunciado, llevarían a cabo ayer, sin las medidas de seguridad requeridas.
Juana Hernández Cruz, expulsada de la comunidad Lázaro Cárdenas Chilil, informó que "el gobierno nos dijo que nos va a atender, que ya va a arreglar nuestros problemas, le pedimos que nos haga regresar, que haya libertad para hacer cultos, porque cuando nos sacaron no estábamos haciendo nada malo".
Explicó que pertenecen a un grupo de evangélicos que iba a orar fuera de Chilil, "veníamos a una colonia de San Cristóbal, pero ahora si nos vamos a regresar queremos nuestro templo en Chilil para que exista la libertad religiosa, como dice el gobernador, porque ya hay otras familias que son evangélicas".
Indicó que en su comunidad se quedaron dos familias evangélicas que las obligaron a renunciar a su fe.
Juana Hernández Cruz es parte de un grupo personas expulsadas de la comunidad de Chilil, municipio de Huixtán, en noviembre de 2009, ahora son 27 personas (entre adultos, niños y personas de la tercera edad) que viven hacinados en una pequeña casa de la colonia María Auxiliadora.
"El gobierno nos paga la renta de la casa, nos da un poco de alimento, a unos niños les paga transporte para la escuela, pero queremos regresar para tener cerca a nuestros hijos, para que no tengan que salir a otra comunidad a estudiar como lo están haciendo ahora", mencionó Juana Hernández.
"Aquí vivimos 27 personas en total, pero estamos muy amontonados, es un lugar muy pequeño para seguir viviendo, pero nosotros ya queremos regresar a nuestra comunidad, vamos a esperar haber si cumple el gobierno, sino pues ahora sí regresamos porque no están cumpliendo la ley", advirtió.
Por haber sido expulsados sin sus documentos, les ha sido difícil conseguir empleo: "No tenemos papeles para trabajar, es muy difícil conseguir un trabajo así, mis documentos se quedaron con nuestras cosas, cuando nos corrieron no sacamos nada, no sabemos qué pasó con nuestras pertenencias".
"Es muy difícil conseguir trabajo sin papeles, por eso buscamos trabajo de lo que sea en la calle para poder mantener a mis hijos, ahorita estoy trabajando en bordados, es un poquito, pero sirve de algo", comentó.
La indígena Juana Hernández Cruz afirmó que "no quedó establecida la fecha para regresar, el gobierno sólo nos dijo que sí se van a hacer cargo de la solución, así nos dijo cuando nos hablaron por teléfono", concluyó.
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