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EN CHIAPAS, INSTALA PGR CENTROS DE OPERACIONES ESTRATÉGICAS (COE), EN COORDINACIÓN CON EL GOBIERNO ESTATAL

En congruencia con el convenio del 5 de enero pasado para la transición de las Unidades Mixtas de Atención al Narcomenudeo (UMAN), a Centros de Operaciones Estratégicas (COE), se instalaron este tipo de organismos en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y San Cristóbal de las Casas. El primero en operar será en la capital del estado.
Los tres COE contarán con agentes del Ministerio Público de la Federación, peritos y policías de los órdenes de gobierno, y se organizarán, operarán y coordinarán para enfrentar los ilícitos, posesión, suministro y venta de narcóticos en dosis individuales, conocidos como narcomenudeo.
La instalación de los COE en Chiapas también responde a lo establecido en el Diario Oficial de la Federación, a principios de este mes, y su estrategia fundamental es mantener la coordinación de los Ministerios Públicos Federales y del Fuero Común, quienes se apoyarán en equipos de análisis delictivo y un grupo de investigación de operaciones criminales.
El convenio para la instalación de los COE en la entidad fue signado por la Procuradora General de la República, Marisela Morales Ibáñez, el Gobernador del estado, Juan Sabines Guerrero, el Delegado en Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, y el Procurador General de Justicia, Raciel López Salazar.
Con esta acción se cumplen los objetivos previstos en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia en su Sesión Plenaria XXII, celebrada en agosto de 2009, en la que se da por concluida la operación de las UMAN e inicia la operación de los COE.
Al instalar estas nuevas instancias, el Delegado Jorge Luis Llaven Abarca expreso que son una herramienta jurídica que contribuirá a lograr una mejor coordinación institucional entre las diferentes dependencias involucradas, pues se sientas las bases de la prevención de delitos del ámbito federal, estatal y concurrente.
De esta manera, el Gobierno Federal refrenda su compromiso de reconstruir integralmente las instituciones y sistemas de procuración de justicia y seguridad pública, en el marco de una cultura de la legalidad en todos los ámbitos de la actividad nacional.