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COLEM demanda una política de procuración y administración de justicia concreta y efectivo en la entidad chiapaneca


Janet Hernández Cruz
El Grupo de Mujeres de San Cristóbal de Las Casas, A.C., (COLEM), expresó mediante un comunicado de prensa su preocupación por los derechos de las mujeres ante la falta políticas y/o acciones concertadas, certeras y contundentes ante la multitud de casos con y sin denuncia de violencia a las mujeres.
“Por ello observamos que mientras se gastan millones en publicidad en Chiapas la violencia a las mujeres incluido el feminicidio, la impunidad, la falta de debida diligencia, las omisiones evidentes y la falta de atención a los problemas derivados de la violencia a las mujeres persiste”, aseveraron.
Destacan que durante la administración de Juan Sabines hay mas cientos de mujeres asesinadas, según lo que han reportado cada año en el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio: 138 de ellas en el primer semestre (2009), muchas de ellas en municipios fronterizos y se clasifican bajo el genérico de “cadáveres indeterminados” (mas de 60 en ese informe de la propia Procuraduría de Justicia de Chiapas), siendo las regiones fronterizas seguidas por la centrales y altos con más alto índice de asesinatos, según el recuento hemerográfico realizado por COLEM durante estos años”.
Destacaron que en un periodo de un año suman por lo menos 4 las mujeres que denuncian violencia de sus parejas, que a su vez son “presidentes municipales”, así también señalaron que los delitos de violencia contra las mujeres, están conformados por hechos violentos misóginos contra las mujeres que implican la violación a sus derechos humanos, atentan contra su seguridad y ponen en riesgo su vida.
Explicaron que esta violencia culmina con el asesinato porque las autoridades omisas, negligentes, o coludidas con agresores ejercen sobre las mujeres violencia institucional al obstaculizar su acceso a la justicia y con ello se contribuye a la impunidad, misma que conlleva a la ruptura del Estado de derecho ya que el estado es incapaz de garantizar la vida y seguridad de las mujeres, de actuar con legalidad y de procurar justicia.
“Esta afirmación se basa en la observación de la lentitud y torpeza de la actuación de los Juzgados en materia penal y familiar cuando tienen en su haber casos de feminicidios, violencia intrafamiliar, violación, hostigamiento sexual, pensión alimenticia y divorcios, en la cárcel de San Cristóbal hay casi 50 mujeres víctimas de discriminación, 3 por mal partos convertidos en homicidios calificados, una anciana en estado deplorable de salud por marginación extrema, que nunca alcanzara el beneficio de el indulto como Mariano Herrán, y seguirá purgando 27 años de prisión por el delito de “brujería”, por la intoxicación y muerte de un joven cuyo envenenamiento esta mas que confuso”.
Así también dijeron que hay víctimas de trata que son re victimizadas por el sistema de justicia, que hoy las “luce” como “traficantes”, mientras que los criminales siguen libres, y así infinidad de casos, en donde “debido proceso”, “justicia expedita”, igualdad jurídica son derechos y principios enterrados igual que ellas.
Expresaron que estan hartas de la corrupción, de los asesinatos contra mujeres y niñas, de la persecución a defensoras de derechos humanos, de la impunidad agresores de mujeres amparados en su puesto político, de asesinos libres, de violadores sin castigo, de la permisibilidad que el estado da a la agresión contra las mujeres.
Finalmente demandaron una política de procuración y administración de justicia concreta y efectivo, sin simulaciones, a cargo de personas capaces, sensibles y congruentes, sin compromisos personales o electorales que se interpongan con su deber institucional y que los casos presentados tengan pronta y positiva respuesta, sin que ello implique un proceso previo para las mujeres que implique demostrar que son el estereotipo de mujer abnegada y merecedora de atención y justicia.