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Colectivo de mujeres realiza denuncia en SCLC

ALBERTO HERNÁNDEZ
El Grupo de Mujeres de San Cristóbal de Las Casas, A.C., expresó su preocupación por los derechos de las mujeres ante la falta políticas y acciones concertadas, certeras y contundentes ante la multitud de casos con y sin denuncia de violencia a las mujeres.
“Observamos que mientras se gastan millones en publicidad en Chiapas, la violencia a las mujeres incluido el feminicidio, la impunidad, la falta de debida diligencia, las omisiones evidentes y la falta de atención a los problemas derivados de la violencia a las mujeres, persiste”, asevereró el también denominado Colectivo de Mujeres de San Cristóbal de Las Casas (COLEM).
En conferencia de prensa realizada en San Cristóbal de Las Casas, destacaron que durante la actual administración estatal hay cientos de mujeres asesinadas, según lo que han reportado cada año en el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio: 138 de ellas en el primer semestre (2009), muchas de ellas en municipios fronterizos y se clasifican bajo el genérico de “cadáveres indeterminados” más de 60 en ese informe de la propia Procuraduría de Justicia de Chiapas), siendo las regiones fronterizas seguidas por la centrales y altos con más alto índice de asesinatos, según el recuento hemerográfico realizado por COLEM durante estos años”.
Precisaron que en un año suman por lo menos cuatro las mujeres que denuncian violencia de sus parejas, que a su vez son “presidentes municipales”, así también señalaron que los delitos de violencia contra las mujeres, están conformados por hechos violentos misóginos contra las mujeres que implican la violación a sus derechos humanos, atentan contra su seguridad y ponen en riesgo su vida.
Explicaron que esta violencia culmina con el asesinato porque las autoridades omisas, negligentes, o coludidas con agresores ejercen sobre las mujeres violencia institucional al obstaculizar su acceso a la justicia y con ello se contribuye a la impunidad, misma que conlleva a la ruptura del Estado de derecho ya que el estado es incapaz de garantizar la vida y seguridad de las mujeres, de actuar con legalidad y de procurar justicia.
“Esta afirmación se basa en la observación de la lentitud y torpeza de la actuación de los Juzgados en materia penal y familiar cuando tienen en su haber casos de feminicidios, violencia intrafamiliar, violación, hostigamiento sexual, pensión alimenticia y divorcios, en la cárcel de San Cristóbal hay casi 50 mujeres víctimas de discriminación, 3 por mal partos convertidos en homicidios calificados, una anciana en estado deplorable de salud por marginación extrema, que nunca alcanzara el beneficio de el indulto como Mariano Herrán, y seguirá purgando 27 años de prisión por el delito de “brujería”, por la intoxicación y muerte de un joven cuyo envenenamiento esta mas que confuso”.
Denunciaron el caso de la joven de Kathya Monserrat López Banda, quien estuvo presente en la conferencia de prensa, y su hija Giovana Lineth Diestel López porque, aseguran, no se le ha hecho justicia en el caso de la custodia de la menor.
Quiero que me devuelvan a mi hija; me casé aquí en San Cristóbal De Las Casas con Erich Diestel Reyes y por motivo de que mi esposo empezó a agredirme físicamente, a golpearme con sus puños, a darme patadas aún embarazada, a difamarme, a insultarme diciendo cosas horribles, a humillarme ante su familia, me fui de mi casa levantando una acta, pero no se ha resuelto nada, quiero que me devuelvan a mi hija, porque me la robaron”, acusó la joven madre.
El colectivo agregó que hay víctimas de trata que son re victimizadas por el sistema de justicia, que hoy las “luce” como “traficantes”, mientras que los criminales siguen libres, y así infinidad de casos, en donde “debido proceso”, “justicia expedita”, igualdad jurídica son derechos y principios enterrados igual que ellas.
Al dar lectura a un documento, aseguraron estar hartas de la corrupción, de los asesinatos contra mujeres y niñas, de la persecución a defensoras de derechos humanos, de la impunidad agresores de mujeres amparados en su puesto político, de asesinos libres, de violadores sin castigo, de la permisibilidad que el estado da a la agresión contra las mujeres. Finalmente demandaron una política de procuración y administración de justicia concreta y efectivo, sin simulaciones, a cargo de personas capaces, sensibles y congruentes, sin compromisos personales o electorales que se interpongan con su deber institucional y que los casos presentados tengan pronta y positiva respuesta, sin que ello implique un proceso previo para las mujeres que implique demostrar que son el estereotipo de mujer abnegada y merecedora de atención y justicia.