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Advierten violencia en municipio de Tila

ALBERTO HERNÁNDEZ
El Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa dio a conocer el riesgo de violencia que existe en el municipio de Tila, por el contubernio entre la Procuraduría Agraria, la SAGARPA y la presidencia municipal de esta localidad, al pretender imponer el Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar (FANAR).
El Comité señaló que comuneros de Jolsibaquil e integrantes de la organización Laklumal Ixim-Nuestro Pueblo de Maíz-, denunciaron que la Delegación de la Procuraduría Agraria (PA) en Chiapas no ha respetado los derechos agrarios en su afán de imponer el programa FANAR.
Explicaron que en contubernio con Sandra Luz Cruz Espinoza, presidenta municipal de Tila (quien ha sido ligada al grupo paramilitar Paz y Justicia en contubernio con el PVEM), y la SAGARPA, están organizando a un grupo de choque encabezado por el Comisariado de los Bienes Comunales, Nicolás Álvarez Jiménez, el presidente del Consejo de Vigilanciam Pablo López Jiménez y algunos representantes de anexos, junto con el visitador agrario Julio César Cruz Alfaro.
Mencionaron que "este grupo de choque ha lanzado amenazas directas a los comuneros que encabezan la lucha por el respeto de sus derechos como comuneros y que han rechazado el FANAR".
Informaron que durante esta semana, el comisariado de Bienes Comunales, Nicolás Álvarez Jiménez; el presidente del Consejo de Vigilancia, Pablo López Jiménez y algunos representantes del Comisariado de Bienes Comunales, junto al visitador agrario Julio César Cruz Alfaro, insisten en convocar a una asamblea violando lo que establece la ley agraria, y supuestamente para tratar el apoyo del Procampo de este año, anteponiendo como condición el ingreso al FANAR.
Con estas acciones se ha generado una situación que mantiene un clima de extrema tensión en los Bienes Comunales de Jolsibaquil, por lo que alertan del riesgo de que comuneros sufran una agresión.
Esta situación de riesgo para los comuneros de Jolsibaquil tiene como escenario la persistencia e impunidad de la que han gozado los integrantes del grupo paramilitar paz y justicia en la zona norte de Chiapas.
Durante el gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía se mantuvo en la impunidad los crímenes cometidos por el grupo paramilitar Paz y Justicia, y lejos de su desarticulación, se les permitió acceder a puestos en el poder municipal a través de distintos partidos como el PAN, PRD y el PVEM.
Sin embargo, aseguran que "esta tendencia ha continuado con el gobierno de Juan Sabines Guerrero, corroborándose en el hecho de la actual presidenta de Tila es miembro de este grupo paramilitar, así como el ex-presidente y esposo de la alcaldesa, Limberg Gregorio Gutiérrez Gómez".
El Comité de Derechos Humanos Digna Ochoa responsabilizó de esta situación al Delegado en Chiapas de la PA, Arturo Orta Rodríguez; al Jefe de Residencia de la PA en Palenque, David Torres Zetina; al visitador agrario de la PA en Yajalón, Julio César Cruz Alfaro; y a la alcaldesa de Tila Sandra Luz Cruz Espinoza (del grupo paramilitar paz y justicia que se escuda en el PVEM).