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PGR PARTICIPA EN LA NOVENA JORNADA DE INFORMACIÓN
CIUDADANA EN BERRIOZABAL



Con el propósito de fortalecer la relación con la ciudadanía, la Delegación de la PGR en Chiapas, impartió orientación sobre los servicios que ofrece como trámite a denuncias ciudadanas, asistencia a víctimas del delito, atención personalizada principalmente a niños y jóvenes sobre adicciones, esto en un módulo de información que instaló durante la celebración de la Jornada Ciudadana 2012 ofrecida por las Delegaciones Estatales que integran al Gobierno Federal, llevada a cabo en el municipio de Berriozabal.
A quienes visitaron el módulo, fueron atendidos por personal del área de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, quienes a través de platicas, trípticos, carteles y souvenirs orientaron a los visitantes sobre la forma como presentar sus denuncias de manera personalizada o por la vía telefónica, correos electrónicos así como a través de las Jornadas de Atención Ciudadana; así como información general relativa a los delitos federales.
Asimismo, se distribuyó material didáctico para niños y estudiantes con mensajes alusivos a los valores para prevenir las conductas delictivas y evitar el consumo de drogas.
Cabe señalar que la inauguración del evento estuvo a cargo de Juan Emilio Cedum Vazquez Director en Jefe del Registro Agrario Nacional, y del Presidente Municipal, Roberto Castañón Gutiérrez, además de la participación de más de 30 Delegaciones Estatales que integran el Gobierno Federal.
La Procuraduría General de la República en Chiapas exhorta a la ciudadanía a seguir denunciando anónimamente al teléfono 01 961 61 7 9619, en todo el territorio nacional al 01 800 00 85 400.
Al correo electrónico dc-chiapas@pgr.gob.mx; también la atención personalizada a través del programa de Atención Ciudadana, todos los jueves en las instalaciones de la Delegación ubicada en Libramiento Sur Poniente número 2069, colonia Belén, del municipio de Tuxtla Gutiérrez, en el horario de 9 a 13 horas.
El Gobierno Federal seguirá trabajando para propiciar un ambiente de certidumbre jurídica en el que las personas tengan la certeza de que cuentan con instituciones y programas gubernamentales que garantizan el respeto a sus derechos y la preservación de su patrimonio mediante la aplicación de la ley.