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Alumnos de la Escuela Secundaria Bilingüe “Emiliano Zapata” y el Bachillerato Intercultural “Bartolomé de Las Casas”, en la localidad de Guaquitepec, municipio de Chilón



Viven una situación incierta, a un año
de haberse invadido un área que sirve
para prácticas de agricultura orgánica




ALBERTO HERNÁNDEZ
Por la falta de aplicación de la ley, la poca importancia de las autoridades a la problemática de la educación indígena y la impunidad con que operan los caciques, alumnos de la Escuela Secundaria Bilingüe “Emiliano Zapata” y el Bachillerato Intercultural “Bartolomé de Las Casas”, en la localidad de Guaquitepec, municipio de Chilón, viven una situación incierta, a un año de haberse invadido un área que sirve para prácticas de agricultura orgánica, cuidado de los recursos naturales y actividades físicas.
Durante una visita hecha por el Sie7e de Chiapas a este lugar, ubicado en la región Selva de Chiapas, se constató que desde hace un año permanecen invadidas casi tres hectáreas por un grupo de personas encabezadas por Antonio Mazariegos López, alias “El Azul”, quien sin pensar en la educación de más de 200 estudiantes, y sólo por intereses personales, se ha apoderado de esta parcela donde edificaron varias casas.
Aparte de destruir las plantaciones de café orgánico, los criaderos de animales y las áreas de experimentación, como el taller de carpintería, los invasores también impiden que los estudiantes desarrollen actividades físicas, pues ya no pueden usar la cancha deportiva.
En el acceso principal de dicho terreno, los invasores colocaron un letrero que dice “Bienvenidos a la colonia 17 de Enero, organización ejidos y organizaciones del estado”, donde han construido casas de madera y láminas, y una obra de concreto que sería la casa de “El Azul”.
Desde septiembre pasado, policías estatales -que llegaron a “resguardar” el orden, luego de la incursión violenta a las oficinas académicas de la secundaria del grupo de Antonio Mazariegos López-, viven en los dormitorios de los maestros, ubicados en el terreno invadido el 17 de enero de 2011.
La llegada de la Policía Estatal Preventiva (PEP), que se ha instalado en terrenos invadidos, también representa un problema más, pues los pobladores aseguran que se han coludido con los invasores y les permiten todo tipo de tropelías, ya que recientemente “El Azul”, en pleno estado de ebriedad, amenazó con armas de fuego a tres padres de familia de la escuela secundaria.
A pesar de toda la impunidad que han gozado los invasores durante un año, cada vez son menos las personas quienes los siguen; actualmente son sólo 5 familias las que están con ellos y su dirigente, pues quienes los apoyaban se dieron cuenta que su líder, “El Azul”, les venía exigiendo muchas cooperaciones, trabajar sus cafetales, construirle una casa, pagarle sus vicios, etc.
Daños por incursión el 24 de septiembre:
Molestos por la detención que hizo el gobierno a dos invasores (Diego Hernández González y Pedro Gómez Vázquez), el pasado 24 de septiembre el grupo invasor ingresó violentamente y con armas de fuego a las oficinas académicas de la secundaria y bachillerato; destruyeron material didáctico, computadoras, fotocopiadora, útiles escolares, dormitorios, dañaron documentación y un laboratorio.
Los detenidos el 22 de septiembre de 2011, quienes tenían órdenes de aprehensión por el delito de despojo agraviado, estuvieron sólo seis días presos en el penal de El Amate, en Cintalapa, luego de que sus dirigentes, entre ellos “El Azul”, se comprometieran con el secretario de gobierno de Chiapas, Noé Castañón León, a devolver la parcela.
Al resto de los invasores, entre ellos Antonio Mazariegos López, Juan Pérez Gutiérrez y Juan Gómez González, también le fue girada orden de aprehensión por el mismo delito, pero a la fecha siguen libres.
Los daños causados no han sido reparados y los afectados, como han podido, han ido restaurando con sus propios recursos las instalaciones dañadas en la secundaria y el bachillerato.
Testimonios de jóvenes afectados:
La joven indígena Ana Gabriela Jiménez Girón, quien vive en la comunidad Guaquitepec, municipio de Chilón y que estudia en la escuela secundaria Emiliano Zapata, se encuentra triste porque, asegura, no ha podido trabajar en las áreas productivas, por motivo de la invasión.
“Me siento triste porque no he podido trabajar en las áreas productivas que hemos hecho allá, antes trabajábamos en varias áreas, artesanías y trabajos productivos, aparte de educación física, hoy tuvimos ganas de hacer eso, pero no podemos porque esos grupos están allá”, indicó.
“Por eso yo pido al gobierno que le de una solución a este problema, porque estoy viendo que no nos está haciendo caso, y me siento preocupada porque no hemos podido realizar nuestras actividades”, insistió.
Dijo que ella estudia “porque quiero lograr aprender algo, saber algo para que sirva a la comunidad, poder trabajar con una de esas áreas productivas, porque la educación sirve para el progreso de un pueblo”.
En entrevista, Jerónimo López Álvarez, Coordinador General de la Secundaria, dijo que esta situación “afecta psicológica y emocionalmente a los estudiantes por la inseguridad, por las constantes amenazas que hay; los alumnos no se concentran en sus clases, eso causa pérdida de interés, incluso ya un alumno de secundaria dejó de estudiar por esta causa, por el miedo y el susto”.
Señaló que esto afecta por la relación que hay entre lo teórico y lo práctico, “sería incompleto el aprendizaje que están recibiendo, aunque hemos hechos medidas alternas, pero cuesta más por la falta de espacio”.
“No se ha podido entrar para hacer prácticas, las clases solamente han sido teóricas, toda la parte práctica, educación física, tecnológica, artística, está paralizada, eso lo sabe el gobierno”, informó.
Explicó que este proyecto opera las siguientes áreas estratégicas: educativas (una secundaria que prepara promotores de bienestar familiar y un bachillerato técnico para el desarrollo comunitario), una cooperativa de producción y comercialización de café orgánico Paluch’en, salud comunitaria (laboratorio de análisis clínicos), un centro comunitario digital, una microfinanciadora para dinamizar la economía de la región y un área de vinculación con la comunidad.
No dejarán de luchar por la educación, aseguran
Aparte de haber realizado una marcha en abril pasado, de iniciado los procesos penales en contra de los invasores, Jerónimo López aclaró que no dejarán de luchar por recuperar los terrenos porque “no es posible ceder algo que ha costado muchos años, estamos hablando de 15 años de trabajo”.
“La petición es que el gobierno desaloje a los invasores, que nos regrese la parcela, porque al final de cuentas es de la comunidad, no de los maestros; la causa que estamos defendiendo es por la educación; la escuela está registrada como particular, pero no cobra un solo peso a los estudiantes, más que algunos trabajos comunitarios que se acostumbran realizar para su mantenimiento”.
Recordó que cuando se adquirieron los terrenos, en 1996, “se hizo un convenio, un acta de acuerdo, el Patronato Proeducación Mexicano pagó 15 mil pesos a Antonio Mazariegos López y a Diego Hernández González, son los que recibieron el dinero, y son los mismos que ahora invadieron”.
Denunció que el grupo de “El Azul” invadió la parcela de la secundaria porque tienen rencores por la decisión de la comunidad de organizarse para producir y comercializar el café, y hay quienes, como Diego Hernández González, coyote de la región, se siente afectado, “pero no se busca afectar a nadie”.
El abogado indígena Miguel Ángel Pérez Flores, quien al igual que Jerónimo López Álvarez estudió en la secundaria y bachillerato de Guaquitepec, expresó que “ahorita está coartado ese derecho de la educación, el derecho al deporte; es una prioridad la educación en una zona como esta”.
Solicitó que “se aplique la ley pero parejo, para los que cometen algo que no es bueno para la sociedad, que transgreden los derechos de las demás personas; que se aplique la ley porque el mismo gobierno lo ha dicho, que todos debemos de vivir en paz y de gozar de todos los derechos”.
“No estamos dispuestos a ceder los terrenos porque son de la comunidad, es un derecho de todos, no es de nadie en particular, es el derecho de los niños, de los jóvenes, es el futuro de la misma comunidad, es para un beneficio social, por eso pedimos que se resuelva lo más rápido”, reiteró.
“El proyecto es parte de mi vida, estoy con la gente, no es un interés personal, es por un derecho colectivo que estamos luchando; lo que pedimos es eso, que lo resuelva ya de una vez este conflicto, que no lo esté administrando porque puede caer en una situación más conflictiva”, alertó.
Antecedentes de ambas escuelas:
El proyecto inició en 1993, pero años antes sus abuelos habían gestionado una escuela, la respuesta del gobierno fue negativa. En 1993 llegó María Guadalupe Conover Escobedo, se vinculó con personas que han cumplido con los sistemas de cargos en la comunidad, le interesó bastante el tema, ella coordinaba una escuela en la ciudad de México con el modelo Montessori.
A solicitud de los principales, llegó a plantear al Patronato Proeducación Mexicano A.C. la necesidad de contar con una escuela y se contactó a un centro de desarrollo de Puebla, ubicado en una comunidad Náhuatl; llevó a tres personas para que se dieran cuenta cómo funcionaba, ahí inició del proyecto.
En el año de 1995 se funda la Escuela Secundaria Bilingüe “Emiliano Zapata Salazar” que se incorpora a la Secretaría de Educación Pública, primero funcionaba en el Convento del Templo, luego en la Casa Ejidal; al haber recuperación de tierras, en ese momento estaba en gestión el predio San Vicente Buena Vista, cuyo propietario era un señor de Yajalón, el grupo propuso a los directivos de la escuela que se construyera la escuela en este predio, y de esa forma se consiguió.
El Bachillerato Intercultural “Bartolomé de Las Casas” se fundó en 1996, y al igual que la secundaria, también pertenece al Patronato, instancia que financia los costos de operatividad de ambas escuelas, así como el salario del personal integrado por maestros, técnicos, contadores y administradores. En el bachillerato se les ofrece albergue a los alumnos que vienen de otros municipios.
Como los jóvenes se fueron formando en técnicos para el desarrollo comunitario (educación intercultural y producción agropecuaria), se requería de áreas donde pudieran aplicar sus conocimientos, se crea la sociedad cooperativa Paluch’en, para la producción y comercialización del café orgánico, con la que se hacen exportaciones a Austria, Nueva York, Alemania y al resto del país, con la idea de que también se vayan creando empleos para los jóvenes.
Con la gestión del Patronato, se construyó el laboratorio de análisis clínicos en 1998, con precios accesibles para la población, porque este servicio es muy caro en las zonas urbanas. El Centro de Computación fue creado en el 2003 para que hagan sus prácticas y de servicio a la comunidad.
Las mujeres crearon una microfinanciera con la intención de proporcionar créditos con intereses bajos, para que las mujeres iniciaran proyectos familiares, es una organización fundada hace 3 años.