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Nueva Ley de Transporte transparenta entrega de concesiones y atiende la problemática ambiental
· El diputado panista Miguel Ángel Gordillo Vázquez, presidente de la Comisión del Transporte de la LXIV Legislatura local, explica el funcionamiento del Consejo Consultivo Ciudadano
· Actualmente existe una demanda de 5 mil 23 solicitudes de concesión en espera de que sean atendidas
· Revocación a quien utilice vehículos concesionados o permisionados del transporte público para bloquear calles o carreteras del estado

Las leyes que regulan el transporte público deben estar al día, pues atienden uno de los principales pilares de la economía de Chiapas y del país. Además, es necesario contar con mecanismos y procedimientos ágiles y confiables que transparenten el otorgamiento de permisos y concesiones, que por mucho tiempo ha estado en entredicho.
Ante esta genuina demanda de la ciudadanía, el diputado panista Miguel Ángel Gordillo Vázquez, presidente de la Comisión del Transporte de la LXIV Legislatura local, destacó en entrevista que la reforma a la Ley de Transportes propuesta por el Ejecutivo del estado y aprobada en sesión extraordinaria este lunes, tiene como principal interés adecuar las facultades del Congreso para autorizar las concesiones que otorga la Secretaría de Transportes.
El legislador recordó que la Ley de Transporte del Estado de Chiapas fue publicada en el Periódico Oficial el 24 de junio de 1998 y que una de sus últimas reformas se realizó en el 2004, es decir hace siete años, por lo que justificó que en el ámbito de facultades y funciones el gobierno actualice leyes acordes a nuestra realidad, a fin de hacer efectivos los diversos servicios públicos que la ciudadanía demanda.
Además hizo énfasis en la necesidad que había de contar con mecanismos y procedimientos ágiles y confiables que transparenten el otorgamiento de permisos y concesiones. Normas que permitan el acceso de la ciudadanía a los procesos regulatorios del transporte, con lo cual sociedad y gobierno participen en la erradicación de conductas y acciones que por años se habían visto empañadas con el velo de la duda y las negociaciones deshonestas, particularmente en la asignación de concesiones.
Sobre la nueva ley que contempla la integración del Consejo Consultivo Ciudadano, el integrante del Grupo Parlamentario del PAN explicó cuál será su funcionamiento: “Será un órgano auxiliar y de consulta en el cual se contempla la participación de un representante de la Cámara del Autotransporte del Estado, así como de un representante de los transportistas concesionados que no formen parte de dicha cámara, con lo cual se da participación plena y efectiva a todos los transportistas concesionados y se procura un sano equilibrio participativo, al tiempo que se garantiza y ratifica la concurrencia y opinión de la ciudadanía a través de las Cámaras de la industria de la construcción, de turismo e Industria restaurantera y de los colegios de notarios e ingenieros”.
En el estado, dijo, existe una demanda de 5 mil 23 solicitudes en espera de que sean atendidas en la modalidad de bicitaxis, triciclos y mototaxis (precisó que mil 760 son para bicitaxis, 2 mil 365 triciclos, 898 mototaxis). Actualmente prestan los servicios 4 mil 886 permisionarios de los cuales mil 713 son bicitaxis, 2 mil 743 triciclos y 429 mototaxis y un carro anexo con motor eléctrico distribuidos en 20 municipios.
Y aunque reconoció que a mayor número de vehículos concesionados habrá más contaminación, también destacó que otra de las virtudes de la ley aprobada es la atención a la problemática ambiental al contemplar la creación de la modalidad del ecotaxi o taxi ecológico, que además de generar importantes beneficios a la ecología mejorará el servicio que se presta en unidades tipo triciclo y motocicleta que habrán de sustituirse por el ecotaxi.
Finamente, Gordillo Vázquez subrayó la adición de nuevas causales de revocación consistentes en sancionar acciones en las que se utilicen vehículos concesionados o permisionados del transporte público para bloquear calles o carreteras del estado o apostándose ante oficinas públicas. Asimismo, se establece un nuevo criterio de revocación consistente en que si dentro del término de seis meses un concesionado o permisionado es infraccionado tres veces consecutivas.