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Concesiones del transporte; fraude millonario
Augusto Solórzano López /ASICh
En Chiapas continúa el negocio de la compra venta de concesiones para el servicio público del autotransporte (taxis y camionetas Urvan) y las autoridades de la Secretaría del Transporte y Procuraduría General de Justicia del Estado, bajo sospecha.
Sí, en el colmo de la corrupción, ninguna autoridad levanta la mano para poner un hasta aquí e impedir este fraude millonario que ya tiene en la desgracia a infinidad de personas de diversos municipios del estado. Y el fenómeno sigue.
Gente plenamente identificada vende supuestas concesiones que resultan simuladas, que no valen nada. También duplican documentos que al verificarlos se trata de clonaciones y que por lo mismo, tampoco valen. Igualmente “por tanto y más cuanto” prometen concesiones que nunca llegan. Total que el sinnúmero de incautas e incautos que han caído, la mayoría gente mayor, han perdido todo y la mayoría ha quedado “en la calle”, mientras la y los defraudadores viajando y viviendo en lujosas residencias, carros de lujo y presumiendo ostentosas cuentas bancarias a costa de la necesidad de le gente.
Los transportistas regularizados y legalmente concesionados lo saben, la Secretaría del Transporte está enterada, en la PGJE radican más de 20 Averiguaciones Previas, todas mal hechas que los jueces han rechazado por inconsistentes.
Mientras tanto, el tiempo pasa y la gente criminalmente afectada en sus intereses económicos no ve la luz del día, por el “trabajo mañoso” de agentes del Ministerio Público que sobre el tema en particular estructuran Averiguaciones “flojas” y efectivamente inconsistentes.
De los grupos de afectados, son varios; de las personas en particular perjudicadas se contabilizan por decenas y son gente de varios municipios como Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal, Comitán, Chiapa de Corzo y Costa de Chiapas como Arriaga y Tonalá.
Denuncias interpuestas al por mayor en el seno de lo que se supone es la cuna de la Procuración de Justicia en el Estado de Chiapas. El caminar de esos expedientes ha sido pasmoso, doloso y mal encausado al grado de ser revirados por los jueces.
Me cuesta entender esta situación a menos que sus empleados le estén viendo la cara al señor Procurador Raciel López Salazar y si no es así, porqué entones tanta protección a favor de los defraudadores que en poco más de un decenio han atesorado millones y millones de pesos.
Para cometer estos ilícitos hay varios involucrados e involucradas. Una de esas personas responde al nombre de Ana María Orantes Ocampo, persona que con la compra venta de concesiones encontró su “mina de oro” a pesar de haber estado en la cárcel por esa razón en 2006.
Lo que aquí estamos cuestionando, es del dominio público y está en boca de muchos. Es más y de acuerdo al dicho de varias y varios afectados e incluso transportistas, Orantes Ocampo cuenta con un despacho jurídico que opera bajo el nombre de Alboran.
Ana María en el colmo de la galopante corrupción dispone de un equipo de abogados para “defenderse” de las acusaciones que provienen de la gente a las que les ha quitado hasta el último peso, engañándolos con la venta de concesiones apócrifas.
Lo lamentablemente extraño que es que las Averiguaciones Previas, no progresan, no avanzan y cuando hay consignaciones a los juzgados, éstas van tan “flojas” que más tardan en llegar a las manos de los jueces que, en que las regresen “por falta de pruebas”.
Por supuesto que en todo esto se antojan complicidades o confabulaciones al por mayor que, no hay nada ni nadie que pueda hacer justicia. El año pasado hubo un intento de justicia, en donde mediaba el interés del Poder Ejecutivo para actuar.
La esperanza llegó entre los agraviados; los expedientes se concentraron a la Fiscalía de Asuntos Relevantes y todo muy bien. Había la “bendición del ejecutivo”. El Dr. Nemesio Ponce como intermediario y todo…excelente. Paso el tiempo y en esa medida la “luz del encanto” poco a poco se apagó hasta quedar en nada. Como al principio.