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Desalojan plantón de la CNDH y de la Plaza Catedral en SCLC


Janet Hernández Cruz
El Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) dio a conocer a través de un comunicado que los habitantes de la ranchería "Las Conchitas", del municipio de Salto de Agua, después de 42 días de haber sido despojados de sus parcelas y pertenencias por el grupo paramilitar "Los marcianos" y después de 34 días de plantón indefinido en las oficinas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en la Catedral de San Cristóbal, decidieron levantar dicho plantón.
Aseguran que esto se debe a que el gobierno ha hecho oídos sordos, ante las peticiones de un retorno donde se tengan las garantías de NO volver a ser presa de los paramilitares.
"De palabra este gobierno exige que ya nuestros compañeros retornen a Las Conchitas, sin ofrecer garantía alguna, para nada se compromete castigar a sus paramilitares, de los destrozos que realizaron; más bien el gobierno ofrece aportar paliativos y premiar a sus hordas con la impunidad".
Por dicha razón invitaron a organismos defensores de los derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, organizaciones fraternas y personalidades progresistas, para que acompañen al retorno de los habitantes de la ranchería Las Conchitas.
"Responsabilizamos a este gobierno de Juan Sabines Guerrero, de cualquier atentado terrorista de sus paramilitares, porque su insensibilidad e indolencia no tiene límites y está empeñado a que nuestros compañeros se mueran de hambre, de frío o los mate la lluvia".
Expresaron "queremos aclarar que por parte de nuestro FNLS hubo voluntad política para el diálogo, sin embargo, la única audiencia a la que accedió el secretario de gobierno Noé Castañón León efectuada el 13 de julio, no hizo ningún compromiso serio a los planteamientos para generar las condiciones de un retorno digno, ni mucho menos indemnizar los daños y castigar a los agresores".
Los afectados explican que este gobierno no reconoce la condición del despojo y desplazamiento forzoso por los paramilitares, violando los convenios internacionales en materia de derechos humanos, reflejando con ello que, la política mediatizadora de "los objetivos de desarrollo del milenio" propuesto por la ONU es una medida fascista y se pretende hacer verdad a través de los medios masivos de comunicación que mantiene controlados y sometidos.
Así también mencionaron que algunos organismos defensores de derechos humanos oficiales, no actuaron con la atención y seriedad que merece el problema, aun con las evidencias físicas del desplazamiento forzoso, lo que demuestra negligencia de estas instituciones al no hacer las recomendaciones correspondientes y dar un trato humanitario a nuestros compañeros.
Expresaron que "este gobierno tiene una actitud racista, clasista e intolerante, al tratar de buscar intermediarios que le "hagan el trabajito", y no atender de manera directa a nuestros compañeros que fueron agredidos y desplazados".
Finalmente informaron que en esta etapa preelectoral, los grupos de poder insertados en este gobierno, buscan crear un caos social en Chiapas, generalizando las agresiones y los enfrentamientos entre los sectores empobrecidos de la sociedad con grupos de choque paramilitar y de esta manera posicionarse políticamente, no importando si en estos choques hay asesinatos, descalabrados, desaparecidos o encarcelados, que para esta gente insensible "el fin justifica los medios".