lunes, 13 de junio de 2011


*Las Reformas Constitucionales realizadas en materia de Derechos Humanos y promulgadas por el Presidente Calderón.
UN AVANCE SUSTANTIVO EN FAVOR DEL RESPETO
Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS: SEN. ORANTES.


MÉXICO, D.F. 12 de Junio del 2011.- La Senadora María Elena Orantes opinó que la promulgación de las reformas constitucionales en materia de derechos humanos constituye para México el paso más significativo en este campo en los últimos años, e implica un avance sustantivo en favor del respeto y garantía de los derechos fundamentales.
Cabe destacar que dicho acto fue celebrado por el Presidente Felipe Calderón en la residencia oficial de Los Pinos, acompañado por los representantes de los poderes Legislativo y Judicial, Sen. Manlio Fabio Beltrones Rivera y el Ministro Juan N. Silva Meza, respectivamente, el pasado 9 de junio del presente año.
Para la Senadora Orantes, el nuevo marco constitucional responde positivamente a los compromisos internacionales asumidos por el país en esta materia, amplían su reconocimiento y protección y otorgan a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) facultades para investigar violaciones graves a las garantías individuales.
Con ello, dijo la legisladora chiapaneca, la CNDH tendrá capacidad para conocer, investigar y sancionar las violaciones graves a derechos humanos, ampliando así las facultades del organismo que, hasta hoy, se limitaba a erigirse en una fuerza moral.
La reforma plantea también, agregó, la institución del concepto de “proderecho”, “es decir, la herramienta para resolver los problemas de confrontación o choque entre dos derechos fundamentales, que los jueces podrán aplicar para resolver una problemática.”
Además, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, puntualizó La Senadora por Chiapas.
Dijo también, que en estas reformas se destaca que los servidores públicos que no acepten ni cumplan una recomendación de la CNDH, deberán comparecer ante el Senado de la República o, en su caso, ante las legislaturas estatales, para que expliquen las razones de su negativa. En consecuencia –dijo Orantes- el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.
Entre otros cambios sustantivos, mediante las reformas aprobadas se determinó eliminar la facultad de la Comisión Permanente para aprobar la suspensión de garantías y se estableció que debe ser el Congreso de la Unión el órgano que ejerza esa atribución constitucional.
Finalmente la Senadora advirtió que ahora con esta reforma constitucional se tendrán que hacer los ajustes legislativos a nivel federal y estatal correspondientes para garantizar su eficacia plena.

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