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En “La Libertad”
Colonos exigen castigo para un peligroso
delincuente
· El sujeto asegura estar protegido por funcionarios de alto nivel
· Ha cometido infinidad de delitos desde hace varios años
Enrique Vázquez Palacios
Habitantes de la colonia La Libertad, localizada a un costado de la Base Militar “El Sabino”, al poniente de la capital, continúan en espera de que las más altas autoridades castiguen con todo el rigor de la ley al sujeto de nombre Marco Antonio Gómez Pérez, quien ha cometido y sigue cometiendo infinidad de actos vandálicos al interior de ese asentamiento humano y a pesar de existir infinidad de denuncias en su contra, ninguna autoridad ha hecho nada por frenar sus desmanes.
Los denunciantes, quienes siempre han pedido omitir sus generales por temor a las represalias, indican que este peligroso sujeto grita a todas horas a voz en cuello que siempre ha gozado de la protección de altos funcionarios tanto del Gobierno del Estado, así como de la Procuraduría General de Justicia, por lo que nada ni nadie ha podido someterlo ante la justicia para responder por los delitos cometidos, que van desde el despojo, vandalismo, venta fraudulenta de lotes a precios desde 5 mil a 80 mil pesos.
Señalaron que a través de un documento enviado al licenciado Carlos Octavio Castellanos Mijares, Consejero Jurídico del Gobernador Juan Sabines Guerrero, manifiestan su inquietud de la supuesta protección que altos funcionarios del Gobierno y de la PGJE y el propio Congreso del Estado, brindan a Marco Antonio Gómez Pérez; entre los que señalan al Secretario de Transporte, José Foad Tanús Piñasoria; Néstor Escobar Roque, Fiscal Especializado en Atención a Grupos Sensibles y Vulnerables; al Subdirector de Averiguaciones Previas de la PGJE, Naím Said Martínez.
De igual forma, señalan al Presidente Municipal de Berriozabal, Isidro Sánchez Gutiérrez; al supuesto “enlace” de Marco Antonio Gómez Pérez con el Gobernador, Mariano Betancourt, además del ex titular de la Dirección de Regularización y Tenencia de la Tierra del Instituto de la Vivienda en Chiapas, y actual Diputado local por el Partido Verde Ecologista de México, Javín Guzmán Vilchis.
De acuerdo con la versión de los afectados, se sabe que ellos mantienen la posesión de manera pacífica de ese lugar, propiedad de Ciro Gamboa Borraz, desde hace más de 20 años, sin que hasta el momento ninguna autoridad, mucho menos los propietarios, les hayan solicitado el desalojo, por lo que en infinidad de ocasiones han demandado que las autoridades intervengan para regularizar las tierras.
Sin embargo, a pesar de los años y de sufrir toda clase de agresiones por parte de grupos delincuenciales que han llegado a refugiarse a ese lugar, como “Los Chentes” y ahora Marco Antonio Gómez Pérez, nadie ha podido con ellos, ya que les queda claro que mientras los delincuentes gozan de la protección de parte de las propias autoridades, ellos seguirán siendo víctimas de toda clase de atropellos, como el ocurrido apenas el año pasado.
Sobre el último de los atropellos sufrido por parte del “pseudo” líder de La Libertad, Marco Antonio Gómez Pérez, dirigente de la Organización Campesina San Andrés (ORCASA), los denunciantes indicaron que en el mes de Septiembre del 2010, el sujeto, en complicidad con otras personas plenamente identificadas, entre las que figura Elia Rocío Salas González incendiaron varios vehículos y dañaron casas, por lo que las autoridades, a pesar de existir pruebas palbables de la agresión, solo iniciaron dos Actas Administrativas en la Fiscalía de Chiapa de Corzo y cuyas denuncias quedaron asentadas en las mismas bajo los números 1152/CEC9-T2/2010 y 1163/CEC9-T1/2010.
Es por ello, manifestaron los desesperados habitantes de La Libertad, que esperan que Carlos Octavio Castellanos Mijares, Consejero Jurídico del Jefe del Ejecutivo, Juan Sabines Guerrero, les atienda en sus demandas y logren por fin poder regularizar las tierras que desde el año de 1986 vienen habitando de manera pacífica, para así dejar de sufrir los atropellos de gentes que se dicen protegidas del propio gobernador y de altos funcionarios de la administración de justicia.