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Gobernador de Chiapas pedirá perdón por desaparición de indigena


Gabriela Coutiño
Tuxtla Gutiérrez, Chis. 23 Febrero.- A 10 años de que policías municipales desaparecieran al indígena Gerónimo Gómez López, en el municipio de Simojovel, indemnizará a su familia, a petición de la por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a cumplir con un acuerdo amistoso.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, documentó a lo largo de 10 años la desaparición del indígena de 21 años de edad, de oficio ambarero, luego de que fuera detenido por policías de su localidad Simojovel y trasladado a la capital de Chiapas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), acreditó los hechos cometidos por policías municipales de Simojovel, y pidió al gobierno Chiapas repare los daños por la detención, tortura y desaparición forzada, por violaciones al derecho a la vida, a la libertad personal, a la integridad y seguridad personal.
El gobernador Juan Sabines envió al Congreso del estado una iniciativa de decreto para cumplir con el acuerdo de solución amistosa, petición P-318-05 radicada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El documento establece que el Estado pedirá disculpas públicas a los familiares del artesano por el daño ocasionado ante la falta de investigación conclusiva en todos estos años, el trato negligente dispensado por las autoridades encargadas de investigarlos, y las violaciones al debido proceso, todo lo cual se ha traducido en impunidad, denegación de justicia y verdad, violaciones a derechos humanos de la familia de Gerónimo Gómez López.
El gobierno de Chiapas otorgará una indemnización a la familia del indígena de 180 mil pesos, una pensión vitalicia de 10 mil pesos que tendrá carácter irrevocable, una beca para su hijo de 10 años, además de 15 mil pesos para que la esposa pueda adquirir una vivienda.
El acuerdo de «solución amistosa» implica que la autoridad responsable –en este caso el gobernador— pide un perdón público y reconoce la responsabilidad del Estado en la denegación de justicia; asume el compromiso de que se investigará y castigará a los responsables, y finalmente indemniza o repara el daño mediante una compensación económica.
Este es el cuarto caso, donde el gobernador Juan Sabines Guerrero ha pedido perdón públicamente, reconociendo la responsabilidad del gobierno de Chiapas en violaciones graves a los derechos humanos.
En el 2007 lo hizo por la ejecución extrajudicial del campesino Reyes Penagos Martínez, ocurrida en septiembre de 1995 a manos de policías judiciales de Chiapas. En 2009 se le restituyó el daño a un ex policía preso injustamente, además que pidió perdón por el caso de tortura y ejecución extrajudicial por parte de la procuraduría estatal en la procuración de justicia por el asesinato de un adolecente.