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ONU recoge violación DH


Fredy Martín Pérez.
Comitán, Chis; 15 de enero.- Cinco son los casos que recoge el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en su más reciente informes sobre violaciones a las garantías individuales y atentados contra la vida, en el estado de Chiapas.
El organismo detalla sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos en México y cita los casos de Margarita Martínez Martínez y Adolfo Guzmán Ordaz, de la organización Enlace; el caso de abogado Ricardo Lagunas, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.
También el asunto de Manuel Hernández Pérez, promotor del Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada, de Ocosingo.
Pero también recoge el homicidio de Mariano Abarca Roblero, activista miembro de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), en el municipio de Chicomuselo.
En el informe el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sostiene que en el actual contexto de inseguridad y violencia que enfrenta el país, “es indispensable que el Estado mexicano brinde garantías adecuadas para las defensoras y defensores que se encuentren en riesgo por su labor, en cumplimiento de su obligación de protección”.
Sostiene que “el derecho a defender los derechos humanos implica no solo que el Estado de abstenga en interferir y restringir la actividad legítima de los defensores y defensoras, sino también la obligación positiva de establecer todas las medidas legislativas, administrativas y judiciales necesarias para evitar que otros actores restrinjan el derecho a defender los derechos humanos”.
Y sostiene que las entidades que se registra “el mayor número de denuncias son: Chihuahua, Chiapas, Oaxaca y Guerrero”.
“Por lo que, a excepción del Distrito federal y Jalisco, los mencionados estados continúan ocupando los primeros lugares de denuncias registradas conforme a
lo reportado en el informe 2009”.
En el caso de Martínez Martínez y Guzmán Ordaz, el ocho de noviembre del 2009, la policía estatal allanó su domicilio en el municipio de Comitán.
Y a raíz “de la denuncia que interpusieron por estos hechos habrían recibido amenazas de muertes lo días 14 y 25 de diciembre del 2009 y el seis de enero del 2010”.
Por estos hechos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares a favor de los activistas, el tres de marzo del 2010.
Sin embargo como consecuencia de las agresiones, Martínez Martínez y Guzmán Ordaz debieron cambiar su residencia.
Otro caso es la agresión de Manuel Hernández Pérez, promotor del Comité de Derechos Humanos Fray Lorenzo de la Nada, de Ocosingo.
El 15 de septiembre del 2010, fue agredido físicamente Manuel, por “tres sujetos originarios de una comunidad vecina (a Ocosingo), quienes habrían hecho referencia a su labor como defensor mientras lo golpeaban”.
Ricardo Lagunas del Centro de Derechos Humanos, fue agredido por un grupo de personas, en el municipio de Tila. Durante la agresión resultaron heridos Carmen Aguilar Gómez, del ejido San Sebastián Bachajón.
Otro caso es el homicidio de Mariano Abarca Roblero, integrante del Frente Cívico de Chicomuselo y miembro de la Rema, que se “se oponía activamente a la explotación minera en su comunidad”.
El 27 de noviembre del 2009, fue asesinado afuera de su domicilio en Chicomuselo, pero en agosto de ese año, fue detenido “arbitrariamente” y durante el mes de septiembre de ese mismo interpuso demanda por el delito de amenazas en su contra.