Opinión

COMENTARIO A TIEMPO
Teodoro Rentería Arróyave


PIFIA O COMPLOT

Después de que han quedado liberados, inocentes de cualquier delito relacionado con el narco y precisamente con el grupo
delincuencial de “La Familia”, 34 de los 35 funcionarios estatales y municipales, víctimas del llamado
“michoacanazo”, no hay de otra y eso le toca contestarlo al Ejecutivo Federal o se trató de una pifia o de un complot para descalificar electoreramente al gobierno del estado soberano de Michoacán, surgido de las filas del Partido de la Revolución Democrática, PRD, y en particular a su titular, Leonel Godoy Rangel.
¿Quién, después de que el “michoacanazo” exhibiera ante la opinión pública nacional e internacional los deslices o la supina investigación que llevó a la estúpida y brutal detención masiva y finalmente a las consignaciones carentes del menor rigor jurídico, puede calificar, inclusive de presunto, delincuente al ahora diputado federal, Julio César Godoy Toscano, medio hermano del primer mandatario michoacano?.
En efecto, con la liberación este martes de los cinco policías, 4 ministeriales y uno municipal -sólo queda en prisión uno de los 35 funcionarios estatales y municipales victimas del llamado
“michoacanazo”-, quedaron exhibidas la Procuraduría General de la República y demás autoridades federales, al no comprobar ninguno de los delitos que les atribuyeron relacionados con el narco, y queda más que probada la tesis de que se trató de una maquinación.
Más que un fracaso legal se trata del ridículo más grande a que han sometido a la institución, se supone de buena fe, del Ministerio Público Federal sus actuales titulares, puesto que se asegura que el alcalde priísta del municipio de Múgica, Armando Medina Torres, quien aún se encuentra en prisión, saldrá en los próximos días, una vez que se desahoguen diversos trámites judiciales pendientes, según fuentes judiciales.
En un comunicado de prensa, el Consejo de la Judicatura Federal, órgano administrativo y disciplinario del Poder Judicial de la Federación destaca que la resolución que ordenó la libertad de los cinco ex policías michoacanos, tras 16 meses de permanecer encarcelados, está debidamente “motivada y fundada” conforme a lo dispuesto en la Constitución y en las leyes secundarias. Las autoridades federales acusaron falsamente a los detenidos de estar relacionados con el grupo delincuencial de “La Familia”, lo cual siempre negaron las víctimas y nunca pudieron probar sus acusadores.
Efraín Cázares López, titular del juzgado primero de distrito de Michoacán, resolvió que conforme a lo dispuesto por los artículos 20 de la Constitución, y 95 y 96 del Código Federal de Procedimientos Penales, “este juzgado determinó que los cinco indiciados no son penalmente culpables de la comisión de delincuencia organizada y delitos contra la salud en su modalidad de colaboración al fomento para facilitar la ejecución de estos ilícitos”.
La liberación de los cinco servidores públicos se dio pocos días después de que también, por las mismas razones, obtuviera su libertad absoluta el ex titular de la Procuraduría General de Justicia del estado, Miguel García Hurtado, y de que Julio César Godoy Toscano, medio hermano del gobernador de la entidad, Leonel Godoy Rangel, protestara como diputado federal, aunque con una orden de aprehensión vigente.
Desde luego, que a pesar de toda esta podredumbre de “la justicia”, habrá quien todavía esgrima la falsa conseja de que, si Julio César Godoy Toscano se siente inocente por qué no se entregó a las autoridades para enfrentar un juicio justo y no haber recurrido al expediente fácil del fuero que le otorga la diputación.
Eso sólo ocurre en las naciones donde los órganos de procuración de justicia son confiables, respetables y responden al interés mismo del pueblo. Por ahora, eso por desgracia, no sucede en México.
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