Gobierno

Se fortalecen líneas de acción y mecanismos de protección
Firman Sabines y Plascencia convenio
de atención integral para víctimas


El gobernador Juan Sabines Guerrero y el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, firmaron un convenio con el que se crea la Red de Atención Integral para Víctimas del Delito de Secuestro, la cual facilitará el acceso de los agraviados a los sistemas de auxilio y atención que las partes firmantes ofrecen.
De esta manera, el Gobierno de Chiapas y las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos brindarán asesoría legal y asistencial a las víctimas de secuestro, además de diseñar mecanismos para establecer diversos sistemas de atención y auxilio.
Desde la ciudad de Tapachula, el gobernador Sabines y el titular de la CNDH intercambiaron puntos de vista y propuestas para lograr la mejor coordinación entre las diversas entidades participantes en esta red, que se integra bajo el modelo de la conformada a nivel nacional.
Coincidieron al señalar que mediante este acuerdo se fortalecerán las bases de colaboración para la implantación de líneas de acción y mecanismos de protección a las víctimas del delito de secuestro.
Plascencia Villanueva reconoció que este convenio es un parteaguas en el Sur- Sureste del país y con ello Chiapas tendrá la oportunidad de colocarse en el más alto nivel de estándares para la atención a las víctimas de secuestro.
El Ombudsman sostuvo que en la CNDH están convencidos de que el trabajo en equipo y la colaboración institucional como lo hace el Gobierno de Chiapas son las mejores herramientas para alcanzar los resultados que la sociedad espera.
“Desde el primer día en que inicié mi gestión como Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos me comprometí a impulsar el respeto y la observancia de los derechos humanos de las víctimas del delito de secuestro, con el objetivo de reforzar el sistema de libertades”, comentó.
Acompañado del Procurador General de Justicia del Estado, Raciel López Salazar, el gobernador Juan Sabines externó la preocupación de su administración por brindar la mejor atención a las víctimas del delito de secuestro, ya que provoca una doble victimización y crea un alto nivel de estrés, afectando física y emocionalmente al agraviado y a sus familiares.
De esta manera, Plascencia Villanueva afirmó que la cultura de la legalidad es una herramienta para el cambio y para la evolución de justicia como la que busca el gobierno de Chiapas al signar este tipo de acuerdos.
“Esta clase de convenios propicia un desarrollo sobre la base del conocimiento y la observancia de la ley, es importante impulsar esta cultura de la legalidad, pero también es muy importante que impulsemos lo que hemos denominado en la Comisión de los Derechos Humanos, el cumplimiento, la observancia de los deberes de las personas”, precisó.
En ese tenor, dijo que todos los derechos deben hacerse efectivos para todas las personas pero también “debemos buscar que asumamos un compromiso todos con el Estado, con la ley, con las instituciones, con la sociedad, con nuestra familia y con nosotros mismos y cumplamos con los deberes que tenemos a nuestro cargo”.
Alianza estratégica para la atención a víctimas de secuestro
Tal como lo subrayó el Procurador General de Justicia del Estado, Raciel López Salazar, el acuerdo con la CNDH es una alianza estratégica que, en materia de colaboración y apoyo para la integración e implementación de la Red de Atención Integral para Victimas del Delito de Secuestro en el Estado de Chiapas, precisa dar buenos resultados, que se reflejarán en el quehacer público de los organismos involucrados.
Lo anterior, debido a que el secuestro es actualmente uno de los delitos más graves que atenta contra la integridad y dignidad humana y produce efectos no sólo en la victima, sino también en su familia y en la sociedad misma.
Por ello, informó el Procurador, se constituirá la Unidad Tipo Modelo para la Atención del Delito de Secuestro, donde se privilegia el trabajo policial, de inteligencia e investigación, que ha permitido pegarle a organizaciones criminales, mediante una acción integral.
Con este acuerdo, se participará en la capacitación, formación, sensibilización y desarrollo de programas, acciones y políticas públicas de fomento a la cultura de Protección de los Derechos a las Víctimas de Secuestro; así como brindar una asistencia integral para el ejercicio de los derechos y libertades individuales de los ciudadanos, con un debido acceso a la Procuración y Administración de Justicia, como un acto de dignificación y justicia social.
Los involucrados sumarán sus esfuerzos de manera coordinada para fortalecer la cultura del respeto a los derechos humanos en la Frontera Sur de México, a través de la difusión de los instrumentos y mecanismos con los que cuentan todos los mexicanos.
Proteger los derechos humanos, misión del Gobierno
De acuerdo con los resultados publicados en la “Sexta Encuesta Nacional sobre Inseguridad”, realizada por el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad A.C. se posiciona a Chiapas como primera entidad con menor índice de victimización.
De esta forma, el Gobierno de Chiapas continuará sumando a las acciones del Estado Mexicano para impedir que redes criminales o conductas desafiantes se asienten en nuestro estado.
La misión del Gobierno Estatal es seguir trabajando para proteger los derechos humanos de todos los individuos y en esta administración se ha logrado importantes avances en materia de los Derechos Humanos, que dan cuenta del interés personal y voluntad política de Gobierno, siendo prioridad que las víctimas del delito, en particular el de secuestro, deben gozar de los derechos plenos que les otorgan las leyes; compromiso cumplido que se ciñe en los acuerdos por un Chiapas Aún Más Seguro.
Prueba de ello, es que recientemente se puso en marcha el Centro de Atención a Víctimas, concebido como un modelo integral de atención, gestión y asistencia social, que les brinda calidez a las personas que hayan sido afectadas.
En la firma del convenio estuvo Juan Carlos Moreno Guillén, presidente de la Comisión de Derechos Humanos; los titulares del Poder Legislativo, Jorge Hernández Bielma y del Judicial, Juan Gabriel Coutiño Gómez.