martes, 9 de febrero de 2010

Opinión

Desde Los Altos

Fredy López Arévalo



El más reciente enfrentamiento en Bolom Ajaw, en Agua Azul, es solo un capítulo más en la sangrienta disputa por la tierra y el territorio, el control de los sitios turísticos, los bancos de arena, los recursos maderables, las fuentes de agua (manantiales y ríos), los sitios arqueológicos, y los corredores biológicos, que emprendió hace por lo menos siete años el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

El asalto armado contra los miembros de la cooperativa tseltal que administra el balneario de Agua Azul, no es pues un hecho aislado sino parte de un bien estudiado plan de apropiación de sitios de alta rentabilidad económica, como ranchos ganaderos y plantaciones cafetaleras, para la expansión del territorio bajo la egida del EZLN.

En esta ocasión se han contabilizado 12 heridos, uno de ellos habría muerto ya, y un más se reporta muy grave en el hospital Vida Mejor de Tuxtla Gutiérrez.

Lo execrable es que de ambos lados de la línea se encuentran indígenas pobres, monolingües, de un mismo grupo étnico, no importa si son de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic) o del EZLN.

En este caso, los heridos son de la OPDDIC: Sotero Urbina Guzmán, Santiago Moreno García, 27 años; Miguel Moreno López, 30 años; Miguel García Moreno, Florentino Díaz López, 43 años; Domingo Cruz López, de 55 años; Antonio Pérez Hernández, de 42 años; Guillermina Moreno Hernández, Juan Silvano Hernández, Gerónimo López Cruz y Elías Moreno García.

Todos lesionados con arma de fuego y machete.

Ya antes se han registrado otros enfrentamientos por la disputa de una caseta de peaje para el ingreso de turistas a las cascadas de Agua Azul, en la colindancia de los municipios Chilón y Tumbalá.

Solo por este concepto se estima un ingreso anual de un millón de pesos.

Desde hace algunos años hay en Bolom Ajaw una brigada internacional de observación.

¿Dónde estaban el sábado?

Según la parte del EZLN, el 24 de noviembre del 2009, 80 personas pertenecientes a la Opddic, en contubernio con los gobiernos federal, estatal y municipal, agredieron a miembros del EZLN en Bolom Ajaw.

Las versiones son encontradas, dependiendo de la fuente de información.

Por ejemplo, Madres del Pueblo, que se ubica del lado del EZLN, sostiene que desde el inicio de la administración municipal del alcalde Antonio Moreno López, en Chilón, se han incrementado las acciones de hostigamiento y provocación por parte de grupos pertenecientes a Opddic contra simpatizantes zapatistas del ejido San Sebastián Bachajón y dentro del área natural protegida de cascadas de Agua Azul.

“Estas agresiones, además, han contado con el embozado apoyo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Conanp-Semarnat)”.

En esta perspectiva, “el botín en disputa es el agua y la belleza escénica de esa zona natural, que bajo disfraz de un falso ecoturismo (en realidad un elitista turismo de aventura) está en el trasfondo de estas impunes agresiones”.

Pero la diputa por este territorio no es nueva. Tiene por lo menos siete años, cuando el EZLN depuso las armas y comenzó a demarcar, delimitar, expandir y afianzar los territorios bajo su férula.

Y Bolom Ajaw es parte de esta disputa.

Ahí la tensión comenzó a subir de tono desde el 2008. Y las agresiones verbales y físicas con los vecinos del ejido Agua Azul, comenzaron desde entonces a ser constantes.

En enero y lo que va de febrero era ya previsible un enfrentamiento de esta naturaleza.

Por eso el gobierno del estado ordenó patrullajes permanentes de las policías federal y estatal en el área.

¿Qué más se podía hacer?

Se tiene que ser muy claro en algo, aún cuando ello implique sufrir descalificaciones y ataques: en los sucesos del sábado hay agresores y agredidos.

Ahí no hay vuelta de hoja.

En este caso fueron integrantes del EZLN los que atacaron con machetes y armas de fuego a indígenas de la OPDDIC.

Antes del sábado, las quejas de los operadores turísticos eran frecuentes, sobre todo por el cobro de peaje ilegal en el acceso principal del balneario de Agua Azul.

En un tiempo operaron dos retenes o casetas de cobro.

En la disputa por el control del balneario, los indígenas de uno y otro grupo están estrangulado uno de los atractivos turísticos más importantes del área.

Ahuyentan a turistas nacionales, de Europa y los Estados Unidos que año tras año visitan en forma masiva ese maravilloso lugar.

Llegan en autobuses, camionetas, microbuses, cámpers, carros rentados, pero grande es la sorpresa que se llevan cuando al paso se encuentran con las casetas de cobro de peaje que han instalado de manera ilegal los indígenas en los cuatro kilómetros que hay del entronque de la carretera Ocosingo-Palenque a las famosas cascadas de Agua Azul.

Eso sin contar los lazos que atraviesan en el trayecto mujeres, niños y niñas, que ofertan plátanos, caña de azúcar, naranjas, tamales y elotes.

Pudo haberse suscitado otro Acteal, si revisamos de manera objetiva lo que aconteció el sábado.

Es muy fácil establecer un paralelismo.

Dos corresponsales del diario La Jornada reprodujeron el testimonio de Alberto López Urbina, un indígena de la etnia "tzeltal" miembro de la OPDDIC: "Nosotros estábamos tranquilos allá en el poblado, no esperábamos que nos fueran a atacar así. Rodearon a los muchachos y nos empezaron a agredir con garrotes, piedras, machetes y hasta con armas de fuego".

¿Quién responde por ellos?



Varias

Los programas de reconversión productiva, como el cultivo de palma de aceite, en Benemérito de las Américas y Marqués de Comillas, podrían servir como contenedores del flujo migratorio, por el número de empleos que generarán+++ Hoy a las 11 de la mañana se reúnen en la facultad de Derecho de la Unach, en San Cristóbal de Las Casas, científicos sociales, presidentes municipales, funcionarios del gobierno estatal, y representantes de las iglesias católicas y evangélicas para analizar la situación actual de la intolerancia religiosa, y buscar los equilibrios necesarios para la convivencia comunitaria, libertad de credo y deberes comunitarios. Convoca el Centro de Derechos Humanos de la facultad de derecho de la Unach, que preside el abogado Miguel Ángel de los Santos Cruz.

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