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Prohiben a mujeres de Chiapas casarse con fuereños

Cuando retornó a su comunidad, las autoridades le negaron sus derechos agrarios y la obligaron a dejar su hogar, por haberse casado con un hombre que no era de su lugar de origen.
En la carta que el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, hizo llegar al gobernador Juan Sabines, la organización relata que “Amalia es una mujer sencilla, trabajadora, nacida en Bellavista del Norte, que desde muy joven tuvo que migrar al norte del país para conseguir dinero, y enviárselo a su madre viuda, período en el que conoció a su actual esposo con quien tiene una hija de ocho años de edad”.
La decisión de la asamblea de la comunidad, agrega la Ongs “se basa en un artículo nulo por el Tribunal Agrario de Distrito 4, que “implica una serie de conductas, actitudes e ideologías basadas en el machismo, la misoginia, la discriminación y la violencia a las mujeres”.
El Centro de Derechos de la Mujer señala que la responsabilidad recae en la Procuraduría Agraria, porque la dependencia no realizó las acciones concretas para sensibilizar a los ejidatarios en relación al respeto a los derechos de las mujeres, a pesar de que existía en 2006, una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Y agrega: “La sanción que la Asamblea impuso a Amalia, además de injusta, representa una clara violación a los derechos de las mujeres, a la constitución y a las demás normas jurídicas nacionales e internacionales que garantizan la igualdad entre hombres y mujeres”.
El organismo denuncia que ha sido el presidente del comisariado ejidal Eduardo Pérez Roblero, quien ha promovido la expulsión de Amalia, además de la salida de Reynaldo Rafael Valentín y la privación de derechos ejidales de Maurilio Vázquez Hernández, cuñado de Amalia, “todo por el valor que tuvo la señora Amalia, de denunciar los hechos”.
En el texto de denuncia el Centro de Derechos de la Mujer, refiere que en Chiapas existen diversos instrumentos jurídicos” que garantizan la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, y que sancionan la discriminación por cuestiones de género, origen étnico, nacionalidad.
Pero “estos no se hacen valer, y parece que tampoco interesa para los actuales gobiernos, que todo queda en palabras y papeles, y por consiguiente los famosos ‘objetivos de desarrollo del milenio’ solo representan para el Estado una forma de obtener prestigio y mal informar a la población sobre los supuestos avances hacia los derechos de las mujeres y la equidad de género”.
Así, el Centro pide al gobierno de Chiapas a que “actúe para que la discriminación sea erradicada, para que familias sobre todo indígenas campesinas, no se vean desintegradas o confrontadas”.
Urge a las autoridades “asuman su responsabilidad y dejen de privilegiar a grupos con supuesta fuerza política” y se “garantice a Amalia, a su familia y a todos los que habitan en este territorio una vida libre de violencia”.
Finamente pide que la Procuraduría Agraria asuma su responsabilidad en el asesoramiento y validación a los reglamentos ejidales que de antemano sean violatorios a los derechos de las mujeres.