EDITORIAL

Reforma política: omisiones y
motivos inciertos
El titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, presentó ayer 10 iniciativas de reforma en materia de representación política y reglas electorales en las que se propone permitir la relección consecutiva de legisladores, jefes delegacionales y presidentes municipales hasta por 12 años; celebrar segundas vueltas en los comicios presidenciales cuando ninguno de los aspirantes obtenga más de la mitad de los sufragios, y reducir el número de integrantes en el Congreso de la Unión: de 500 a 400 diputados y de 128 a 96 senadores. También se plantea aumentar de dos a cuatro por ciento el mínimo de votos necesarios para que un partido político conserve su registro y admitir las candidaturas independientes.
En otra circunstancia, algunas de estas iniciativas habrían resultado pertinentes y hasta plausibles, pero la premura y extemporaneidad con que se presentan, la descomposición que acusa el conjunto de la institucionalidad política del país y la creciente brecha existente entre la realidad y el discurso oficial obligan a preguntarse si estas reformas permitirían, de ser aprobadas por el Legislativo, un mayor control ciudadano sobre las autoridades, como sostiene Calderón, o bien si son resultado de otros cálculos e intereses.
Llama la atención, en primer lugar, el planteamiento de someter a discusión la relección legislativa y municipal, y no hacer lo propio con las gubernaturas estatales y la Presidencia. Calderón sostuvo ayer que, con esta medida, se fortalece la capacidad del ciudadano para vigilar y evaluar el trabajo de sus representantes, al colocar la gestión de quien ocupa el cargo en el centro de la contienda electoral; de seguir esa lógica, se estaría asistiendo a un afán por colocar la titularidad del Ejecutivo federal y la de los estados en una anomalía institucional. Si el propósito, como se vislumbra, es desechar el principio histórico de la no relección, que animó de manera central la sublevación popular iniciada el 20 de noviembre de 1910 y aún concita fuerte respaldo en importantes sectores de la población, ¿por qué no asumirlo ante la ciudadanía con todas sus consecuencias, en vez de reservar excepciones que más parecen una medida de simulación y encubrimiento?
Por otro lado, si en verdad la propuesta presentada ayer por el jefe del Ejecutivo se propone transitar del sufragio efectivo a la democracia efectiva, resulta inexplicable que se hayan dejado fuera figuras legales como la revocación y el refrendo del mandato. Tales omisiones no sólo contravienen lo expuesto ayer por el político michoacano, quien sostuvo que la intención de estas reformas es dar más poder al ciudadano para castigar o premiar el desempeño de las autoridades, sino desatienden un añejo reclamo, planteado por voces de distintos signos políticos, por incluir esas figuras en el marco constitucional, como forma de someter a los gobernantes al examen ciudadano y evitar extralimitaciones en el ejercicio del poder.
Respecto de los planteamientos de reducir el número de legisladores y elevar el porcentaje mínimo para que los institutos políticos conserven el registro, es obligado cuestionarse si éstos obedecen en efecto a la necesidad de dar mayor eficacia al trabajo legislativo y garantizar una mayor representatividad social de los partidos como entidades de interés público, como afirma Calderón, o bien a un designio político por reposicionar al grupo en el poder con miras al proceso electoral de 2012 y cerrar la puerta de la representatividad política a sectores de la oposición.
Por lo demás, es inevitable vincular los llamados de Calderón a generar un mandato más claro por la vía de una segunda vuelta en las elecciones presidenciales con las circunstancias que marcaron su arribo a Los Pinos: con el respaldo de un tercio cuestionado de los sufragios y en medio de un déficit de legitimidad, aún vigente, a consecuencia del desaseo y las irregularidades graves que –según reconoció el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación– marcaron esa elección. Tales incógnitas, por cierto, habrían podido disiparse dentro del marco legal vigente en una forma más sencilla y menos costosa que los comicios a dos etapas: mediante el recuento total de los votos ante resultados dudosos e impugnados, justo como ocurrió en julio de 2006.
Es claro, en suma, que el ensanchamiento de la democracia y el fortalecimiento institucional en el país no se lograrán sólo mediante reformas al marco legal vigente: deben ir acompañadas de una voluntad democrática del grupo en el poder por respetar y asumir la letra y el espíritu de las disposiciones legales, y por actuar de manera transparente ante la población.