“La información pública le pertenece a la gente. Es el contrato social el que señala que el gobierno será administrador de tal, y sujetos como el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos deben garantizar que dicha infamación vuelva a las personas”, sostuvo.
Refirió que los ciudadanos sabrán, a través de leyes e instituciones de transparencia, cuál es la eficiencia del gobierno y cómo está funcionando el Poder Legislativo, entre otros, para que puedan ser críticos y utilizar óptimamente los sistemas de participación.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja (Movimiento Ciudadano) señaló que el artículo sexto debe mantenerse como fue enviado por el Senado de la República, de manera que, todas las resoluciones de acceso a la información sean vinculatorias, definitivas e inatacables.
El legislador mencionó que sin transparencia no habrá progreso económico, democracia ni desarrollo, y aseveró que “no se puede construir una legislación desde la opacidad del Pacto por México”. Por ello, dijo que se sumarían a las demandas de transparencia sin restricciones, realizadas por organismos especializados.
El diputado Luis Antonio González Roldán (Nueva Alianza) afirmó que esta reforma permitirá contar en el corto plazo con una ciudadanía mejor informada y participativa del quehacer público, “más demandante y exigente del cumplimiento de los deberes de cada una de sus autoridades”.
Aseveró que la política no se conforma de “círculos cerrados de poder”, donde las decisiones se toman de manera velada en beneficio de algunos y perjuicio de muchos.
Durante la discusión, la diputada Elizabeth Oswelia Yáñez Robles (PAN) se pronunció a favor de las reformas, ya que con ellas “se dan pasos firmes para combatir la corrupción que tanto lacera al país y que impide dar una mejor calidad de vida a todos los mexicanos”.
En su turno, el diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (MC) se manifestó en contra del dictamen al considerar que debió respetarse la minuta del Senado de la República. “El tema de fondo, dijo, es la discusión entre abrir la información sobre el quehacer público o mantener la inercia de discrecionalidad que tanto le ha costado al avance democrático de nuestro país”.
Por el PVEM, el diputado Rubén Acosta Montoya subrayó que con las reformas el proceso de elección de los comisionados del IFAI será distinto, ya que los senadores se encargarán de verificar que las personas que aspiren a ese cargo sean las que realmente necesita y requiere la sociedad, y sólo el Presidente los podrá objetar en dos ocasiones y, en la tercera, si fuera el caso, el Senado los nombrará libremente.
La diputada Luisa María Alcalde Luján (MC) consideró prioritaria la participación de la sociedad en un consejo consultivo para opinar sobre los mecanismos de acceso a la información, los medios de impugnación, el plazo de cumplimiento de las resoluciones, la temporalidad de las reservas de información y los supuestos de restricción en la información pública, entre otros.
Al hablar a favor, el diputado Roberto Carlos Reyes Gámiz (PRD) dijo que ha sido el tesón y la energía de la sociedad civil la que ha llevado a establecer mecanismos de regulación, de control y de transparencia del ejercicio del Poder.
Por ello, dijo, su partido no aceptará más gobiernos secretos, componendas y prácticas políticas poco claras en el ejercicio del poder. “Nuestra obligación es hacer público el poder, ampliando las posibilidades de la ley”, subrayó.
El diputado Ricardo Monreal Ávila (MC) se manifestó en contra del dictamen “porque el objetivo irreductible de las organizaciones era que las resoluciones del IFAI fueran definitivas e inatacables sin condición. El derecho a la información no se garantiza con estas modificaciones que se proponen, se continúa en el autoengaño y se sigue legislando sobre las rodillas. Lo que estamos exigiendo es que se les escuche a los ciudadanos y que haya rendición de cuentas”.
Al participar, el diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (PT) también se pronunció en contra porque, consideró, no se debe retroceder en el propósito de hacer inatacables las resoluciones en materia de seguridad nacional, que es lo que demanda la sociedad.
El diputado Fernando Belaunzarán Méndez (PRD) expresó su apoyo al dictamen dado que los partidos políticos serán sujetos obligados directos y se rescató la facultad del IFAI para interponer controversia constitucional en caso de normas o acciones que atenten contra la transparencia. Respecto a la inatacabilidad, consideró que sólo tendrá una excepción tratándose de seguridad nacional. El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana (PRD), consideró que el dictamen es un acto de congruencia y responsabilidad, que retoma la minuta del Senado, reconoce la autonomía del IFAI y responde a un reclamo de la sociedad contra la opacidad.
Para su discusión y votación en lo particular, los diputados hicieron 19 reservas, 18 fueron desechadas y una se retiró a diversos apartados, fracciones y párrafos del artículo sexto Constitucional.
Previo a la discusión de las reformas, fueron presentadas dos mociones suspensivas por los diputados Manuel Huerta Ladrón de Guevara (PT) y Zuleyma Huidobro González, mismas que fueron desechadas por votación unánime.
